España se enfrenta a una multa de 49.000 euros diarios por no transponer una directiva
El órgano comunitario modifica su petición ya que nuestro país adoptó la norma sobre cuentas de pago de forma parcial
La Comisión Europea sigue adelante con su petición de multa para España por no transponer la directiva de la Unión sobre cuentas de pago. Concretamente, el órgano pide a la Justicia comunitaria una sanción coercitiva diaria para nuestro país de 48.919,20 euros .
El órgano presidido por Jean-Claude Juncker ha reducido su petición después de que España incluyera parcialmente la norma en el ordenamiento nacional, pero esto no ha evitado la solicitud de multa.
Así, la Comisión pide casi 49.000 euros de multa diaria hasta que la directiva quede transpuesta por completo y entre en vigor. De esta forma, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien decida en última instancia la imposición de sanciones, siempre y cuando España continúe saltándose la obligación de adoptar esta directiva.
La sanción diaria habría de pagarse desde la fecha en que hubiera sentencia (o una fecha posterior que estipule el Tribunal) hasta que España aprobara la norma . Sin embargo, la cuantía no podrá exceder de los solicitado por el órgano europeo.
En un comunicado emitido por la Comisión Europea, ésta recuerda que « la normativa de la UE sobre cuentas de pago es esencial para garantizar que los consumidores disfruten de unas cuentas de pago transparentes en un mercado competitivo e inclusivo ». Y añade: «La Directiva concede a todos los residentes legales de la UE el derecho a poseer una cuenta de pago básica con un coste razonable, independientemente de su lugar de residencia. También mejora la transparencia de las comisiones de las cuentas de pago y facilita la comparación entre cuentas y el cambio de cuenta».
Antecedentes
Los Estados miembros debían haber adoptado la directiva sobre cuentas de pago, como tarde, el 18 de septiembre de 2016 e informar a la Comisión de ello.
Una vez constatado que España no lo había hecho, el órgano comunitario instó a nuestro país para que lo llevara a cabo, y tras la respuesta del Gobierno y un dictamen posterior de la CE, éste último optó por llevar el caso al TJUE, ya en octubre de 2017 .
