EE.UU. anuncia aranceles por 1.150 millones a Francia en represalia por la tasa Google
El Gobierno español también quiere gravar a aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones
El Representante de Comercio de Estados Unidos ha anunciado aranceles por 1.150 millones de euros para productos franceses en represalia por la conocida como tasa Google que afecta a multinacionales estadounidenses como Facebook, Apple, Google y Amazon.
Washington considera que se trata de un impuesto injusto dirigido expresamente contra estas empresas estadounidenses por lo que gravará productos como bolsos, cosméticos y jabones en respuesta, una medida que se aplicará tras seis meses de moratoria.
«La medida adoptada hoy envía un potente mensaje frente a impuestos discriminatorios dirigidos contra las empresas estadounidenses, lo cual no lleva a la modernización del sistema impositivo global», ha apuntado el presidente de la Asociación de la Industria de Ordenadores y de Comunicaciones, Matt Schruers, según recoge el portal de noticias estadounidense Politico.
«Los cambios en las normas fiscales deben ser negociadas de buena fe a través de un enfoque de consenso en la OCDE, que afronte los cambios de la economía digitalizada global», ha añadido en referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
El presidente de la Comisión de Finanzas del Senado estadounidense, Chuck Grassley, también ha respaldado la medida. «Las tarifas de represalia no son ideales, pero la negativa del Gobierno francés a abandonar su imposición unilateral de impuestos injustos y punitivos contra empresas estadounidenses deja sin opciones a nuestro Gobierno», ha argumentado.
Estados Unidos se retiró en junio de las negociaciones en el marco de la OCDE sobre este impuesto y advirtió de una respuesta con medidas «proporcionalmente pertinentes».
Francia no se arruga
Por su parte, Francia mantiene su voluntad de instaurar una tasa a los gigantes digitales, conocida como tasa Google, pese a las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos a la importación de productos galos en represalia por ese impuesto, indicaron este sábado fuentes gubernamentales.
París sigue apostando por que se llegue un acuerdo internacional para tasar a esos gigantes de la red, por lo que anima a proseguir las negociaciones abiertas en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
«Sería la única solución de altura», indicaron fuentes del Ministerio francés de Economía, cuyo titular, Bruno Le Maire, se entrevistó este viernes con el secretario estadounidense de Comercio, Bob Lightizer, y con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Pero, en caso de que no se encuentre un consenso, París mantiene su voluntad de aplicar a finales de año el impuesto nacional que ya se está cobrando a esas empresas desde 2019 «como muchos otros países europeos», señalaron.
Es la respuesta de Francia al anuncio anoche de la administración estadounidense de imponer nuevos aranceles a productos franceses, como los bolsos de señora o los cosméticos, por un valor total de 1.150 millones de euros como contrapartida a la llamada tasa Google.
Washington precisó que esos nuevos impuestos estarán congelados durante 180 días para dar una oportunidad a la negociación.
España también quiere aplicarla
El Gobierno español también tiene en marcha la creación de un nuevo impuesto a determinados servicios digitales que está siendo tramitada en el Parlamento.
La tasa Google gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
En concreto, en línea con la propuesta que en su día hizo la Comisión Europea, gravará el 3% de los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
La previsión inicial cuando el Consejo de Ministros español aprobó este proyecto de ley el pasado 18 de febrero, antes de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19, y su consecuente crisis económica, era recaudar 968 millones de euros.
