Díaz se abre una puerta para rectificar las políticas de empleo de las comunidades autónomas

Las políticas activas de empleo son una competencia de las comunidades autónomas pero la futura Ley de Empleo que este martes ha analizado el Consejo de Ministros en segunda lectura habilitará al Gobierno del Estado para formular recomendaciones dirigidas a mejorar esas políticas, a señalarlas cuando considere que constituyen un buen ejemplo a seguir o incluso a rectificarlas, según ha asegurado la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz , en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para hacerlo, la ministra de Trabajo ha importado un mecanismo europeo , el llamado método abierto de coordinación del que se sirve la Comisión Europea para formular recomendaciones de política económica a los países, que según sus propias palabras en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros instaurará en el ámbito de las políticas de empleo una "cogobernanza en sentido integral de ida y vuelta" y consistirá básicamente en que el Ministerio de Trabajo podrá evaluar hasta qué punto las políticas desarrolladas por las diferentes comunidades autónomas son eficaces y formular recomendaciones en función de las conclusiones que obtenga.

El asunto es delicado. Las comunidades autónomas siempre han sido muy celosas de su esfera competencial en el ámbito laboral y habrá que ver si la formulación definitiva de la norma da realmente herramientas al Gobierno para rectificar políticas de las comunidades autónomas, como ha sugerido la ministra de Trabajo, o simplemente le dará la posibilidad de recomendar una rectificación a modo de presión a la comunidad autónoma de turno.

No hace tanto que el Tribunal Constitucional tumbó varias iniciativas en materia de políticas de empleo lanzadas desde el Gobierno Central, como el Plan Prepara o el Programa de Activación para el Empleo (PAE), por entender que invadían las esfera competencial de las comunidades autónomas.

La nueva Ley de Empleo pretende darle una vuelta a la cogobernanza del sistema público de empleo, dándole entre otras cosas margen a los ayuntamientos para formular sus propias estrategias de empleo.

La nueva norma también obligará a las empresas a comunicar sus vacantes a los servicios públicos de empleo y cambiará la naturaleza del SEPE que pasará a convertirse en una agencia, lo que según la ministra favorecerá su proceso de digitalización.