Consenso político para apoyar el pago de pensiones con impuestos

Los partidos están de acuerdo en subir la base de cotización y la pensión máxima

Madrid Actualizado: Guardar
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El Pacto de Toledo trabaja desde final de 2016 en explorar las medidas necesarias para devolver el equilibrio financiero a la Seguridad Social, lastrada con un déficit histórico de 19.000 millones, el 1,7% del PIB. La comisión parlamentaria escucha ahora la opinión de expertos, pero cada partido lleva debajo del brazo sus propias recetas para asegurar la viabilidad de las pensiones.

Buscar ingresos adicionales es ahora el objetivo. La Seguridad Social defiende que para aligerar cargas una de las opciones podría ser que las pensiones de viudedad y orfandad pasaran a financiarse con impuestos, lo que permitiría ahorros de unos 25.000 millones que es la cantidad que cuesta sostener las pensiones de muerte y supervivencia. La medida no es compartida por el PSOE porque sostiene que eliminaría el carácter contributivo de las prestaciones y, por tanto, su proporcionalidad con lo cotizado.

El PP no es partidario de crear un nuevo impuesto para financiar las pensiones, a diferencia del PSOE, que defiende la creación de un «recargo de solidaridad», un tributo al estilo francés que incluiría una cesta de impuestos, cuyos ingresos se destinarían a pensiones. Para el Ejecutivo esta opción desvirtuaría una de las esencias del propio sistema, su contributividad.

Si hay algo en lo que la mayoría están de acuerdo es en ampliar los denominados «destopes». Es una medida que el propio Rajoy se comprometió a estudiar y que cuenta con el apoyo de los partidos de izquierda y de CC.OO. Se trataría de eliminar los topes que hoy existen tanto en las cuantía de las bases de las cotizaciones como en la pensión máxima. Ello implicarían que pagaran más los que ganan más, pero también recibirían más renta. El PSOE ha defendido una elevación gradual de las base máxima de cotización y de la mejora progresiva de las bases mínimas (vinculada al incremento del salario mínimo interprofesional). La medida no gusta nada a la CEOE, que ya ha advertido de que mantener elevadas las cotizaciones daña el crecimiento y el empleo.

Trabajar más es otra receta que cuenta con defensores y detractores. El Gobierno se ha comprometido a incentivar voluntariamente la vida activa de los trabajadores haciendo compatible el cobro del 100% de la pensión con un empleo. Los límites actuales -el 50%- no han funcionado por las exigentes condiciones de acceso (65 y cuatro meses este año y máximo cotizado), y eso explica que poco más de 30.000 trabajadores compatibilizan hoy su pensión con un trabajo remunerado. Casi el 85% son autónomos.

Y salvo el PP y Ciudadanos, los partidos están de acuerdo en volver a revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC. En los últimos cuatro años la subida aplicada a las pensiones ha sido el mínimo fijado en la Ley de Pensiones, el 0,25%. Con la evolución que están teniendo los precios es probable que los jubilados pierdan poder adquisitivo en 2017.

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