Competencia pide armonizar la normativa de los pisos turísticos
La CNMC sigue la tesis de la Comisión Europea y rechaza una regulación restrictiva
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) planteará una respuesta unificada al desafío de los pisos turísticos. Distintas delegaciones del organismo se han reunido en las últimas semanas para «coordinar» el criterio de la institución respecto a plataformas como Airbnb.
Fuentes de la CNMC explican que, en última instancia, estas reuniones servirán para afianzar la posición que adoptará el regulador frente a la Administración. Hay que recordar que en las últimas semanas ayuntamientos como Palma o Madrid y comunidades como Canarias han anunciado que impondrán nuevas restricciones a los pisos turísticos . Normas que, pese a referirse al mismo mercado, poco tienen que ver entre ellas.
Y es que este tipo de apartamentos están regidos en la actualidad por diecisiete regulaciones distintas. La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos llevada a cabo en 2013 provocó que este mercado quedara en manos de las regiones . Como consecuencia, cada una de ellas ha desarrollado sus propias reglas, creando un sistema que incluso está siendo cuestionado ellas mismas. Recientemente, la Junta de Andalucía pidió al Gobierno central que intercediera en este asunto para evitar la «competencia desleal» entre administraciones.
Competencia está perfilando una respuesta unificada ante esta avalancha normativa, al tiempo que tiende una mano a comunidades y ayuntamientos para evitar que muchas de estas regulaciones, que todavía no son definitivas, sean impugnadas. Ayer, el presidente del organismo, José María Marín Quemada, destacó en unas jornadas celebradas en Málaga que el «objetivo» de la Ley de Unidad de Mercado es la homogeneización de la normativa sobre pisos turísticos.
Una normativa laxa
Además, instó a la Administración a fomentar el «diálogo» en este ámbito para lograr que la regulación «se encamine más por una senda que genera crecimiento y riqueza repartible entre la población». Lo cierto es que la institución ya ha cuestionado con anterioridad la solución que se está dando a este conflicto. De hecho, solicitó al Gobierno hace escasos meses que revocara un real decreto que obligaba a las plataformas que operan con pisos turísticos a facilitar más información sobre sus usuarios , aprobado por Hacienda a finales del año pasado.
Al igual que con otros negocios de la economía digital, Competencia ha abogado tradicionalmente por una regulación más laxa de esta actividad. Desde la institución señalan que con esta posición se limitan a seguir las recomendaciones de la Comisión Europea, que planteó en un informe publicado hace dos años la necesidad de no «vetar» este tipo de actividad . Desde el sector turístico, por contra, hacen referencia a la presión que están ejerciendo en los últimos meses distintas plataformas en Bruselas.
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