La crisis expulsa de la clase media a tres millones de españoles

Tras la embestida de la crisis, la clase media española aparece más exigua y con menos renta que antes. Casi 3 millones de personas han reducido sus ingresos hasta abandonar este escalón de bienestar social para engrosar la clase baja, según un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) que radiografía la distribución de la renta en España y el efecto de las políticas públicas sobre la desigualdad entre 2004 y 2013. [Acceda aquí al informe]

Estos tres millones de personas, «han pasado de verse como clases medias participantes del progreso a sentirse vulnerables a las consecuencias de situaciones difíciles, como es la actual crisis económica», ahonda el documento. La renta disponible por hogar se ha reducido un 20% durante la crisis, situándose en niveles menores a los de hace una década: desde los 26.000 euros de 2003 se ha pasado a los 22.000 de 2013.

La crisis ha golpeado, sobre todo, a las clases bajas. El informe calcula que hace una década, en 2004, el 59% de la población pertenecía a familias situadas en niveles de renta intermedios –la clase media entre el 75% y el 200% de la renta mediana, es decir, la que se sitúa en el centro de los ingresos de las familias- frente al 31% de los que estaban por debajo del 75% de la mediana. El 10% restante se situaba en los niveles de ingresos superiores al doble de la mediana, y ese porcentaje apenas ha cambiado, habiéndose reducido un 0,7%.

En cambio, el porcentaje correspondiente al grupo intermedio ha disminuido significativamente, hasta el 52%, mientras que el de los situados en los niveles bajos ha aumentado hasta el 39%. «Así pues, cerca de 3 millones de personas se han desplazado de la zona central a la parte baja de la distribución de la renta», resuelve el estudio.

La principal causa de esta desigualdad en tiempos de zozobra económica ha sido el desempleo y la precariedad laboral, que explican el 75% del aumento de la inequidad que se ha producido en estos años, desgrana el informe. Las políticas públicas han ayudado a amortiguar el golpe de la crisis, reduciendo a la mitad la desigualdad de ingresos que podría haberse producido, pero no han sido suficientes para compensar el impacto por completo.

En concreto, las actuaciones de la Administración han servido para reducir un 45,7% la desigualdad de ingresos. Las políticas más efectivas son las de gasto –pensiones, prestaciones por paro, ayudas...– frente a las de ingreso –como deducciones en IRPF o impuestos más bajos–.

«El gasto público ha ganado importancia en los ingresos de las familias durante la crisis como consecuencia de la caída de las rentas de mercado y a pesar de los ajustes de algunos de sus componentes –educación y sanidad, pero no el gasto de protección social-», apunta el documento.

Si se divide la población en cinco grupos de igual tamaño (quintiles) según sus ingresos per cápita (considerando tanto los procedentes del mercado como los de todas las actuaciones públicas, incluyendo los servicios que son gratuitos), observamos que los ingresos totales del quintil más pobre representan actualmente el 41% de la media; en ese escalón, el 72% de los ingresos de los hogares no provienen del mercado sino de las actuaciones públicas.

En cambio, en el quintil más rico el peso de los ingresos que provienen de fuentes públicas se reduce al 10%. En todos los estratos, las rentas han retrocedido durante la crisis y en todos ellos el sector público ha ganado peso significativamente, como consecuencia sobre todo del incremento del número de pensionistas y perceptores de subsidios.

La importancia de las pensiones

El instrumento de reducción de la desigualdad más efectivo son las pensiones, que explican el 46% del efecto total de las políticas públicas sobre la distribución de la renta, ya que ofrecen ingresos a muchos hogares cuyos miembros no tienen actividad laboral. La segunda política de gasto en importancia es la de servicios públicos, que contribuye en un 27% (15% sanidad y 12% educación) a la reducción de la desigualdad que realiza el sector público. La contribución de las prestaciones por desempleo y el resto de prestaciones sociales representa el 19%. El sistema fiscal, por su parte, tiene un efecto redistributivo modesto (un 8% del efecto total de las políticas públicas en 2013).

Pese a que el desempleo explica la mayor parte del aumento de la desigualdad, la creación de trabajos no es suficiente para acabar con este problema. El profesor Francisco Goerlich, que ha dirigido la investigación, destaca que para que las mejoras del empleo vayan acompañadas de disminuciones de la desigualdad salarial se necesitará reducir el peso de los empleos más precarios y estrechar el abanico de ingresos que se observa dentro del heterogéneo colectivo de los autónomos.