Bruselas sugiere al Gobierno subir los ingresos por IBI

Entre la batería de propuestas de Bruselas a España para corregir sus desequilibrios económicos, el IVA centra sus sugerencias fiscales. La Comisión cree que España recauda poco por la cantidad de productos gravados a tipo superreducido (4%) y reducido (10%) en lugar de al general (21%). En su nuevo informe incluye que España pierde el 59% de su recaudación potencial en el impuesto, cifras que la Agencia Tributaria discute por aplicar erróneamente la metodología de otros países.

La CE cree que si todos los bienes tributaran al 21%, el Gobierno recaudaría 14.000 millones más, si bien la desigualdad medida con el coeficiente de Gini se dispararía. Siendo 0 la máxima igualdad y 1 la mayor desigualdad en concentración de toda la renta en un solo individuo, esta medida supondría que España pasaría de tener un índice de 0,345 a 0,354.

Si se subiera el superreducido los ingresos engordarían en 2.000 millones y si lo hiciera también el reducido lo haría en hasta 5.000 millones y en ambos casos la inequidad subiría al 0,345 y 0,348 respectivamente. Asimismo, la UE detecta que España solo ingresa la mitad que la media en impuestos al transporte y cita el caso de hidrocarburos.

La Comisión Europea también sugiere bajar impuestos a operaciones inmobiliarias (como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o la llamada plusvalía municipal) y elevarlos a tributos sobre la propiedad (como el IBI). «Desde un punto de vista teórico, se considera que los impuestos recurrentes sobre la propiedad son de los menos perjudiciales para el crecimiento y son preferibles a los impuestos sobre las transacciones, ya que permiten una asignación más eficiente de los activos, así como una mayor movilidad laboral», argumenta Bruselas.

Si bien la Comisión reconoce que en España los ingresos procedentes de la imposición de la propiedad inmobiliaria se aproximan a la media de la UE, (1,3 % del PIB en España, frente a un 1,6 % del PIB en 2014), señala que «se basa en un grado relativamente bajo en impuestos recurrentes». ¿Qué tributos son esos? El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales y otros impuestos sobre la propiedad o uso de la tierra, edificios y construcciones.

De ellos, el IBI es el principal tributo, por lo que Bruselas abre la puerta a elevar su recaudación. Sus ingresos han crecido ya un 70% durante la crisis a los casi 13.000 millones, pese a que el valor de la vivienda se ha desplomado un 30% en el mismo periodo. El impuesto es la joya de los ayuntamientos, que mediante subidas de tipos y revalorizaciones catastrales, han logrado aumentar su recaudación desde 2007.

Mayor control a las comunidades autónomas

Junto a estas recomendaciones fiscales, Bruselas recoge una larga ristra de recomendaciones para reducir los desequilibrios de España. Las comunidades centran una buena parte de los deberes de Bruselas, que cifra que las regiones han generado un tercio del déficit. La Comisión insta a Hacienda a elevar su control «preventivo y correctivo» sobre las regiones como prevé la Ley de Estabilidad. La CE denuncia que el Ministerio no lo hizo hasta 2016, cuando pidió a las regiones que recortaran su gasto para cumplir el déficit. Hacienda pidió un ajuste de 1.500 millones: 830 millones en retención de créditos y 680 de inejecución presupuestaria.

De ellos, la Comisión cifra solo en 40 millones el ajuste real. E insta a aprobar un sistema de financiación con incentivos para cumplir, ya que las regiones con más ingresos del sistema «no son las que tienen los déficits más bajos». Al mismo tiempo llama la atención a que la autonomía fiscal de las comunidades autónomas «es la mayor de los países de la UE».

La deuda pública, al 107,8% del PIB en diez años

La Comisión Europea fija la lupa en los desequilibrios de España, y en concreto en su abultada deuda pública y exterior. Cree que el pasivo de las administraciones se irá este año al 100% del PIB, pese a que el Gobierno espera que baje. Para el medio plazo, la Comisión contempla que el interés de la deuda nueva y refinanciada se sitúe en el 3% por el alza de los tipos.

Con este escenario y, en ausencia de medidas, Bruselas cree que la deuda pública se irá al 107,8% del PIB en 2027 en su escenario central. Una hipótesis de crecimiento más favorable daría un pasivo del 102,2% en 2027. En el peor de los casos, con tipos más altos y un crecimiento menor, el pasivo alcanzaría el 117,8% del PIB.

Uso excesivo de los contratos temporales

Bruselas tira de las orejas al Gobierno por el mercado laboral. En sus palabras, «España tiene uno de los mayores porcentajes de trabajadores con contrato temporal» de la UE. Ello tiene consecuencias en «un mayor riesgo de pobreza», además de frenar la productividad. La falta de políticas activas de empleo y la «limitada cobertura de las prestaciones sociales distintas de las pensiones», así como la falta de coordinación entre servicios de empleo y sociales, «dejan a muchos desempleados sin ayuda en su esfuerzo por incorporarse o reincorporarse al mercado laboral».

La CE cita varios casos de empleos «atípicos» que le generan «inquietud»: los contratos de obra y servicio, los de empresas de trabajo temporal o los «falsos autónomos» que sustituyen a contratos ordinarios.

Más controles a los contratos públicos

La licitación de contratos públicos puede generar irregularidades e incluso corrupción, por lo que Bruselas denuncia en el caso de España «falta de transparencia» y excesiva utilización de las adjudicaciones directas sin concurso, es decir, a dedo. Precisamente, el Gobierno tramita estos días la ley de contratación pública que traspone la directiva del ramo y que ayer volvió a prorrogar el plazo de enmiendas en el Congreso.

Para la CE, hay falta de control y escasas compras centralizadas en el modelo actual y llama a aprobar la norma. Además, lamentó la falta de coordinación entre administraciones. Este obstáculo tiene gran importancia, en sus palabras, para que la Autoridad Fiscal pueda acometer una auditoría al gasto público como comprometió el Gobierno.