El Banco de España avisa de que cualquier cambio en la ley hipotecaria afectará a precios y cantidades

El Gobierno socialista ha salido al paso de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por la cual se corrige a sí mismo y vuelve a la doctrina anterior, que obliga al cliente a pagar ese tributo, anunciando que aprobará un decreto que obligará a las entidades a asumir ese impuesto . «Creo y confío en que no» lo repercutirán a los consumidores, ha dicho el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, apelando a la resaponsabilidad de las entidades. El Banco de España, que hoy mismo ha publicado su último informe de estabilidad financiera sin referencias a esta situación como un riesgo para la banca ya que ayer lo mitigó el Alto Tribunal, no ha evaluado aún ese plan del Gobierno. Ahora bien, sí señalan que, por ejemplo, cualquier modificación en la ley hipotecaria, actualmente bajo reforma, tendrá consecuencia tanto en los precios como en las cantidades de los préstamos para la compra de vivienda.

Los grupos parlamentarios ultiman la redacción final de la futura ley de crédito inmobilario, con la cual transpondrán al ordenamiento jurídico español la directiva europea sobre esta materia, proceso que acumula un retraso de más de dos años y medio. Entre los planes de las distintas formaciones está dejar bien claro, negro sobre blanco, una reparti más equitativo entre banco y cliente de los gastos hipotecarios, aunque la aclaración legal del AJD irá por decreto. Fuentes de la dirección general de estabilidad financiera, regulación y resolución del Banco de España señalan que cualquier modificación en el mercado tendrá consecuencias económicas en precios y cantidades ya que aefcta a millones de personas.

Como fuere, la decisión del Tribunal Supremo del martes ha obligado a la institución dirigida por Pablo Hérnandez de Cos a eliminar de la lista de factores de riesgo para la banca incluido en su último informe semestral de estabilidad financiera, publicado este miércoles , una sentencia del Alto Tribunal sobre el AJD contraria a los intereses de las entidades. En todo caso, desde el supervisor señalan que se sigue viendo como relevante el riesgo de litigios, pues el sector tiene pendientes otros casos como las hipotecas multidivisa y el IRPH.