Anticorrupción pide 84,8 millones de multa para Iberdrola Generación por delito contra el mercado

Solicita condenas de dos años para cuatro directivos por manipular el precio de las hidráulicas en el invierno de 2013

Cifra el perjuicio en más de 107 millones de los que el grueso, fue soportado por los consumidores

La torre de Iberdrola en Bilbao ABC
Isabel Vega

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La Fiscalía Anticorrupción solicita que Iberdrola Generación sea condenada al pago de una multa de más de 84,8 millones de euros y su cúpula directiva en 2013, en concreto Ángel Chiarri, Gregorio Relaño, José Luis Rapún y Javier Paradinas, afronte dos años de cárcel por manipular el precio de la energía hidráulica en perjuicio del consumidor. Se les acusa de un delito contra el mercado por haber subido artificialmente 7,156 euros el megavatio/hora en el invierno de 2013 hasta un perjuicio superior a 107 millones de euros que en su mayor parte, soportaron los consumidores.

El escrito de acusación, presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, sostiene que «Iberdrola, con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores , ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda».

En concreto, relata que «para conseguir ese mayor precio en el mercado eléctrico, a partir del 30 de noviembre de 2013 y hasta el 23 de diciembre de 2013 aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario», una situación que determinó la retirada de programación de las centrales referidas, esto es, que dejaran de producir energía.

Señala que mientras en ese periodo, el 32,54% de la energía despachada -183,7 GW- lo fue en una banda de precios superior a los 80 euros por megavatio/hora y el el 94,33 por ciento de la no despachada superó ese precio , en el periodo justo anterior la oferta despachada no superó los 70 euros y el 91,48% del total, estuvo en una banda que no superaba los 50 euros.

«Iberdrola, quebrantando el orden de mérito de las centrales en el despacho de producción, provocó la reducción de generación eléctrica de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las centrales de ciclo combinado, de coste superior y en un rango de precios también más elevado situado entre los 80/90 €/MWh frente a la media de precios de la energía proveniente de las centrales hidráulicas situado en 45/55 €/MWh», dice el escrito de Anticorrupción.

La consecuencia, de acuerdo al relato de la Fiscalía, de este «artificio urdido y llevado a cabo por los acusados fue la subida del precio de la energía eléctrica en al menos 7,156 euros el megavatio/hora», lo que ocasionó un perjuicio a la demanda de «al menos 107.340.000 euros". La compañía obtuvo así un beneficio superior a 21,2 millones de euros.

Indemnizaciones a comercializadoras y usuarios

El escrito, que suscribe el número dos de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Romeral, detalla que 18 comercializadoras se vieron perjudicadas en 10,5 millones de euros. «El resto del perjuicio causado, hasta los 107.340.000 de euros, fue soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos», concreta.

Solicita para Chiarri, Relaño, Rapún y Paradinas dos años de cárcel y multas que ascienden en cada uno de los casos a 144.000 euros. En el caso de Iberdrola Generación, se insta una multa de 84.891.272 euros, el cuádruplo del beneficio obtenido, y el decomiso de las ganancias con la operación.

Además, el fiscal solicita que los cuatro y la compañía deban indemnizar hasta un máximo de 107.340.000 de euros, conjunta y solidariamente a las comercializadoras de energía eléctrica afectadas «y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios de la energía, haber sufrido o verse afectados por el incremento de los precios de la energía en el período de 30 de noviembre a 23 de diciembre de 2013, ambos inclusive».

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