Los altos precios de la luz reducen el impacto de la rebaja del IVA del 21 al 10%
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la bajada temporal de ese impuesto y la suspensión del 7% a la generación
El precio de la luz en Europa: ¿es la electricidad más cara en España?
¿Por qué sube el precio de la luz?
Solo dos días después de que el Gobierno anunciara los indultos , el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en una reunión extraordinaria, la rebaja del IVA sobre la luz del 21 al 10% hasta finales de este año «para contribuir a consolidar la recuperación económica», según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior.
Este decreto ley supondrá una rebaja de la factura del 10% , según la también portavoz del Gobierno. No obstante, el importe final del recibo de la luz dependerá del consumo y de los precios. En un estadio como el actual, con precios muy altos, el impacto de la bajada del IVA es menor del esperado.
Esta bajada solo afectará a aquellos consumidores con una potencia contratada de hasta 10 kW , es decir, «la mayoría de los clientes domésticos y el 72% de los negocios», según Montero. Sin embargo, la principal federación de autónomos, ATA, ya ha criticado que miles de trabajadores por cuenta propia y pymes no se podrán beneficiar de esta medida.
Montero ha subrayado que los consumidores se ahorrarán unos 857 millones de euros con este recorte . Esta cifra es muy superior a la calculada por la Airef, que apuntaba a unos 650 millones.
Esta rebaja estará en vigor hasta el 31 de diciembre siempre que el precio de la electricidad en el mercado mayorista esté por encima de los 45 euros el MWh . Actualmente supera los 82 euros de media. Preguntada por qué la medida es temporal, Montero ha explicado que al acabar ese plazo se añalizará la situación y se tomará la decisión que corresponda.
Asimismo, se ha aprobado la suspensión durante tres meses (julio a septiembre) del impuesto del 7% que grava la generación eléctrica.
El Consejo de Ministros ha prorrogado también hasta final de año la obligación de contar con la autorización del Consejo de Ministros para cualquier compañía extranjera que quiera adquirir una parte importante del capital de una empresa española considerada como estratégica.
Noticias relacionadas
