Central de Almaraz, en Cáceres
Central de Almaraz, en Cáceres - MAYA BALANYA

Iberdrola, Endesa y Naturgy invertirán 600 millones en Almaraz para alargar su vida a 2028

Las compañías alcanzaron un acuerdo esta madrugada tras fuertes discrepancias y después de la presión del Ministerio de Transición

MadridActualizado:

Los relojes marcaban casi las tres de la madrugada cuando los directivos de Iberdrola, Endesa y Naturgy, compañías propietarias de la central nuclear de Almaraz, alcanzaban hoy un acuerdo para prolongar la vida útil de esa planta hasta 2028 y, lo que es más importante, determinar las inversiones a realizar, ya que esta cuestión habría provocado un serio enfrentamiento entre Endesa, por un lado, e Iberdrola y Naturgy, por otro, y que se puede resumir en que la primera quiere mantener abiertas las nucleares y las segundas desean cerrarlas lo antes posible.

El acuerdo, refrendado horas después por la asamblea de socios de Almaraz reunida en Madrid, recoge unas inversiones recurrentes en los dos reactores que tiene la central cacereña de unos 400 millones de euros hasta 2028 y prevé un aumento de hasta el 50% de esa cifra, es decir, 600 millones como máximo.

En cualquier caso, estas cantidades son orientativas, ya que es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) quien debe autorizar la prórroga que solicitarán las compañías propietarias de Almaraz (Iberdrola 53%, Endesa 36% y Naturgy 11%) –cuyo plazo acaba el 31 de este mes– y fijar las inversiones necesarias para alargar su vida útil, que en el caso de Almaraz I será hasta el 1 de noviembre de 2027 y el 31 de octubre de 2028 para Almaraz II.

«Última y definitiva»

En el acta de la asamblea se determina que esta renovación es «la última y definitiva», según el documento al que ha tenido acceso este periódico.

En el supuesto de que el CSN fijara unas inversiones superiores, las tres compañías tendrán que volver a reunirse y, por unanimidad, sin tener en cuenta el porcentaje de participación, decidir si las acometen o si desisten y se finalmente cierra antes la planta.

Las negociaciones han sido muy difíciles y a punto estuvieron de romperse pues, según Endesa, los otros dos socios querían imponer condiciones ajenas al protocolo firmado hace unas semanas con Enresa y que fijaba el calendario de cierre de los siete reactores que hay en España. Endesa también criticó que Iberdrola y Naturgy insistían en limitar las inversiones en esta planta a unas cifras que harían inviable su funcionamiento.

Las negociaciones han estado encabezadas por la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría; la directora de generación de Naturgy, Ana Peris; y el director de relaciones institucionales y de regulación de Endesa, José Casas.

Después de media docena de reuniones en pocos días, no ha sido hasta que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llamó anoche a los máximos responsables de esas compañías y se alcanzó el acuerdo, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras de las mismas. Incluso, a última hora de ayer tuvieron que intervenir en las negociaciones, vía telefónica, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; y el presidente de Naturgy, Francisco Reynés.

El acuerdo sobre el futuro de Almaraz era fundamental para el sector nuclear español, ya que determinará el horizonte del resto de las plantas. Así, las asambleas de propietarios de las centrales tarraconenses de Vandellós II (Endesa 72% e Iberdrola 28%) y de Ascó II (Endesa 85% e Iberdrola 15%) acordaron también ayer por la mañana pedir la renovación de los permisos de ambas plantas por un periodo de diez años, que les permitirán operarlas hasta 2030 y 2031. No obstante, podrán pedir posteriormente otra prórroga, ya que el protocolo prevé sus desconexiones para 2033 y 2035, respectivamente.

Empleo durante 25 años

Las inversiones previstas para que Vandellós II siga operando hasta 2030 ascienden a 248 millones de euros y para Ascó II, cuyo permiso no tienen que solicitarlo hasta el año que viene, las inversiones ascienden a 356 millones de euros.

Sobre el caso de Almaraz, Iberdrola subrayó ayer que el acuerdo «aporta visibilidad al sector nuclear en España y garantiza la continuidad de la actividad económica y el empleo vinculado a la central en los próximos 25 años, tanto durante la explotación de la planta (hasta 2028), como con los posteriores trabajos de desmantelamiento que podrán extenderse hasta en 15 años».

Recuerda que esta actividad se verá reforzada con las inversiones en renovables que la compañía ha anunciado recientemente para Extremadura. En concreto, Iberdrola prevé poner en marcha 2.000 nuevos megavatios de potencia fotovoltaica y eólica hasta 2022 en la región, «lo que situará a esta comunidad en el centro de su estrategia renovable en Europa. La nueva capacidad supondrá, además, duplicar la potencia instalada correspondiente a Iberdrola en Almaraz».

Asimismo, la compañía construye en estos momentos el parque Núñez de Balboa (Badajoz) que, con 500 MW de capacidad instalada, es el mayor desarrollado fotovoltaico en Europa.

Iberdrola afirma que ha trabajado en los últimos meses en la definición de una base de renovación de Almaraz que permita su explotación durante el periodo establecido en el protocolo «bajo un marco de viabilidad económica razonable y con los más altos estándares de seguridad y fiabilidad».

La luz puede encarecerse

El anunciado cierre de los siete reactores nucleares podría sufrir alguna variación en función de las necesidades del sistema eléctrico, ya que son las centrales que más electricidad producen (casi el 23% del total) y a menor precio. Cuando se cierren, su producción debe de ser sustituida por renovables y, puntualmente para garantizar el suministro, por gas natural, combustible este último que marca el precio más alto en el mercado mayorista. Es decir, si las centrales de ciclo combinado de gas incrementaran su producción por la desconexión de las nucleares, lo más probable es que los precios de la luz suban.

De momento, ya se van a incrementar en torno a un 4% desde principios de abril al volver a aplicarse el impuesto del 7% a la generación que el Gobierno suspendió durante seis meses.