Abierto el juicio oral a la antigua cúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias

Los antiguos dirigentes de Abengoa serán juzgados por cobrar indemnizaciones millonarias cuando la empresa estaba en horas bajas. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha abierto este jueves juicio oral al antiguo presidente de la entidad Felipe Benjumea y al antiguo consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, quienes se sentarán en el banquillo acusados por un delito de administración desleal. Solo falta que la sección correspondiente de la Sala de lo Penal que se encargará del juicio fije la fecha.

También se sentarán en el banquillo los antiguos consejeros de la entidad Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde y Antonio Fornieles (también expresidente de la entidad), quienes formaron parte de la comisión de nombramientos que votó a favor de aprobar las indemnizaciones millonarias.

Benjumea cobró 11,4 millones de euros y Sánchez Ortega, 4,5 millones, en teoría porque se desvinculaban de la empresa. La magistrada solicite a Benjumea, Gracia, Velarde y Fornieles que en el plazo de veinticuatro horas aporten una fianza civil de 3,42 millones de euros de forma solidaria, para garantizar el dinero al que puedan condenarles en sentencia. Se restan los 11,5 millones de euros que ya aportó por el mismo concepto Benjumea.

El exconsejero delegado, quien fue investigado también por un supuesto delito de uso de información privilegiada que fue archivado, debe abonar una fianza individual de 1,32 millones de euros, una cantidad que resulta de restar a la fianza de 5,82 que se le impone los 4,5 millones de euros que ya aportó. El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de todas las partes personadas en la causa.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita cinco años de cárcel para el expresidente de Abengoa Felipe Benjumea y 4 años y 3 meses para el exconsejero delegado de la empresa Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias que cobraron en la energética. El Ministerio Público argumenta que los dos antiguos directivos no tenían derecho a cobrar los 11,4 y 4,5 millones de euros que se embolsaron en septiembre de 2015, porque no quedaron desvinculados de la compañía, la supuesta razón que justficaba los pagos. Dos meses después de los cobros, la empresa presentó el preconcurso de acreedores.

El Ministerio Público pone el acento en la delicada situación económica que atravesaba la compañía cuando Benjumea y Sánchez Ortega cobraron estos pagos. «Cuando ambos cobraron tales cantidades la compañía ya atravesaba una grave crisis y se estaba a punto de negociar o se había negociado con los bancos financiadores y aseguradores la ampliación del capital de la sociedad», expresó la Fiscalía.