Mas declara por el 9-N arropado por el independentismo y con Companys en la memoria

El independentismo ha redoblado hoy su desafío al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un día después de que éste tildara de «ataque directo a la independencia judicial» las concentraciones de protesta delante de su sede durante las declaraciones de la consejera Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega como imputadas por l a consulta del 9-N. Y ello, mientras el gobierno de la Generalitat, menos el presidente Artur Mas, y miembros de la candidatura de Junts pel Sí y la CUP, las acompañaban hasta la escalinata de acceso al Palacio de Justicia.

Mas, ha llegado a las 9.45 de este jueves al Palau de Justicia de Barcelona para declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) imputado por la consulta del 9N, arropado por 2.000 personas.

Tal y como estaba previsto, las entidades que convocaron a los ciudadanos a manifestarse el pasado martes frente a la sede del TSJC –la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM)–, han llamado de nuevo a la protesta ante el Palacio de Justicia para arropar al 'president'.

En el paseo Lluís Companys, que permanece cortado al tráfico desde primera hora de la mañana, manifestantes con banderas 'esteladas' han entonado cánticos como 'Fuera, fuera, fuera la Justicia española' e 'Independencia', además del himno catalán Els Segadors. Mas ha llegado saludando a los manifestantes que han coreado el grito de 'presidente' y acompañado por una comitiva encabezada, entre otros, por el líder de ERC, Oriol Junqueras; el cabeza de lista de JxSí en las elecciones, Raül Romeva, Baños, representantes de las entidades independentistas y miembros del Govern.

Pero, además, como estaba previsto, se han sumado al «show» unos 400 alcaldes convocados por la AMI y la ACM, con sendos presidentes al frente, Carles Puigdemont y Miquel Buch, ambos de Convergència. La comitiva de ediles –han confirmado su asistencia 400 pero pueden ser más, porque la AMI integra a más de 700 municipios– se han concentrado a las 8:30 horas en el Parlamento catalán, a diez minutos andando de la sede del TSJC, y desde allí han maerchado en comitiva hasta el Palacio de Justicia.

Los alcaldes no se han ahorrado ningún gesto de solemnidad. Van ataviados con los complementos de gala: la vara de mando, el fajín o incluso espadín, según el caso. Igual que hicieron el 4 de octubre del año pasado, cuando entregaron a Mas las mociones de sus consistorios en favor de la consulta del 9-N.

En su comunicado del pasado martes, luego refrendado a la letra por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la sala de gobierno del TSJC calificó de «inadmisibles» los actos de protesta frente a su sede. «Más aún cuando responden a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representante públicos, algunos de ellos con funciones en el Gobierno», añadían.

Aniversario

Las entidades aludidas –AMI, ANC, Òmnium y ANC–, respondieron ayer con una nota al TSJC calificando de «inaceptable» su comunicado, que consideraron como «un intento de coaccionar el libre derecho a la manifestación». Asimismo, las cuatro organizaciones recalcaron que en «ningún caso» las movilizaciones fueron «instigadas o lideradas» por el Gobierno catalán.

Artur Mas ha entrado en el Palacio de Justicia para declarar por el 9-N ¬–imputado por desobediencia, malversación y prevaricación– en un día señalado: en el 75 aniversario del fusilamiento del presidente de la Generalitat Lluís Companys a manos de las tropas franquistas. El «president», de hecho, ha tenido doble cita con su homónimo, elevado a los altares del martirologio independentista; antes y después de acudir al TSJC.

Como cada año, y cómo no en este, Mas ha acudido esta mañana a la Montaña de Montjuïc para la ofrenda floral ante el foso de su castillo donde Companys fue fusilado y ante su tumba. Le han acompañado, además de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Por la tarde, presidirá un acto institucional en la Generalitat con Companys de nuevo como protagonista: la primera edición del «Día Nacional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista». La Generalitat aprobó el pasado septiembre declarar el 15 octubre, fecha del fusilamiento de Companys, día «nacional».

La maratoniana agenda del presidente catalán concluirá en la cena del premio Planeta, donde podría coincidir con algún miembro del Gobierno.

Ya entre las cuatro paredes del Palacio de Justicia, y como ocurrió con Rigau y Ortega, en la declaración de Mas, además del magistrado instructor, Joan Manuel Abril, estarán presentes tres fiscales –el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada; el teniente fiscal, Francisco Bañeres, y el fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled–, además del abogado del sindicato Manos Limpias, que representa a las acusaciones populares.

Comparecencia en Palau

Fuentes de la defensa de Mas confirmaron a ABC que el presidente de la Generalitat, al igual que hicieran Ortega y Rigau, no responderá a las preguntas de la acusación popular. Con todo, las mismas fuentes no quisieron confirmar si, como Rigau y Ortega, se negará también a atender a las preguntas de la Fiscalía. El motivo esgrimido por la consejera de Enseñanza y la exvicepresidenta de la Generalitat para no responder al Ministerio Público fue apelar a su cambio de criterio sobre la querella. Una alusión a que la Fiscalía General del Estado instó a los fiscales catalanes a presentarla en contra de su criterio.

El guión también se modifica respecto al martes en cuanto a la atención a los medios de comunicación tras declarar. Rigau y Ortega comparecieron ante la Prensa en la Sala de los pasos perdidos del TSJC. Mas, sin embargo, no hablará con los periodistas en sede judicial. Tras prestar declaración, acudirá al Palacio de la Generalitat y allí, en el Salón Gótico reservado para las grandes ocasiones, comparecerá ante los medios de comunicación.

El escenario será aún más propicio para mezclar los argumentos políticos y jurídicos, en un difícil equilibrio que ya practicaron Rigau y Ortega ante el juez, como alegato ante la imputación. Para no dejar de defender la supuesta legitimidad de una consulta prohibida por el Tribunal Constitucional –«cumplíamos un mandato del Parlament», adujeron Ortega y Rigau–, y sostener a la vez que no se incurrió en desobediencia. O descargar parte de la responsabilidad en los voluntarios que participaron en ella.