Amnistía denuncia «la ola de brutal represión» en Egipto con cientos de desaparecidos y torturados

La Agencia de Seguridad Nacional (ASN) de Egipto está llevando a cabo secuestros, torturas y desapariciones de personas en un intento de intimidar a los oponentes y acabar con la disidencia pacífica, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe muy crítico publicado hoy, que pone de relieve un aumento sin precedentes de las desapariciones forzadas desde principios de 2015.

«Egypt: ‘Officially, you do not exist’: Disappeared and tortured in the name of counter-terrorism» desvela una tendencia que ha visto cómo cientos estudiantes, activistas políticos y manifestantes, algunos de sólo 14 años, desaparecen sin dejar rastro a manos del Estado. Según ONG egipcias, un promedio de entre tres y cuatro personas son detenidas cada día, generalmente tras irrumpir en su domicilio fuerzas de seguridad fuertemente armadas al mando de agentes de la Agencia de Seguridad Nacional.

Muchas de estas personas están recluidas durante meses sin solución de continuidad, y a menudo permanecen esposadas y con los ojos vendados durante todo ese tiempo.

«Este informe desvela las tácticas escandalosas y despiadadas que las autoridades egipcias están dispuestas a emplear en su intento de aterrorizar a manifestantes y disidentes para silenciarlos», ha afirmado Philip Luther, director del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

«La desaparición forzada se ha convertido en un instrumento clave de la política del Estado en Egipto. Cualquier persona que se atreva a alzar la voz corre peligro, y la lucha antiterrorista se utiliza como excusa para secuestrar, interrogar y torturar a las personas que cuestionan a las autoridades.

«Las autoridades egipcias han negado repetidamente que existan desapariciones forzadas en el país, pero los casos que se presentan en este informe ofrecen firmes indicios en sentido contrario. El informe saca a la luz no sólo la brutalidad a la que se enfrentan las personas desaparecidas sino también la connivencia entre las fuerzas de seguridad nacionales y las autoridades judiciales, que están dispuestas a mentir para ocultar sus rastros o no han investigado las denuncias de tortura, lo que las convierte en cómplices en violaciones graves de derechos humanos.»

El informe presenta los casos detallados de 17 personas sometidas a desaparición forzada, que estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante periodos de entre varios días y siete meses, aisladas del mundo exterior y sin acceso a sus abogados, familiares o cualquier supervisión judicial independiente.

El texto incluye también desgarradores relatos de tortura de víctimas durante sesiones de interrogatorio que duraban hasta siete horas, con el fin de arrancar «confesiones» que después se utilizaban como pruebas en su contra durante los interrogatorios de los fiscales y para conseguir sentencias condenatorias en los juicios. En algunos casos, las personas torturadas eran menores de edad.

Aumento de las desapariciones

Se ha observado un notorio aumento del uso de la desaparición forzada en Egipto desde el nombramiento de Magdy Abdel Ghaffar como ministro del Interior en marzo de 2015. Antes estuvo destinado en el Departamento de Investigaciones de la Seguridad del Estado, fuerza policial secreta conocida por la comisión de violaciones de derechos humanos durante la época de Mubarak que fue desmantelada después del levantamiento de 2011 y rebautizada como Agencia de Seguridad Nacional.

En un caso horrendo, Islam Khalil, de 26 años, fue sometido a 122 días de desaparición forzada en 2015. Estuvo esposado y con los ojos vendados durante todo ese tiempo, y los interrogadores de la ASN le propinaros brutales palizas, le aplicaron descargas eléctricas, incluso en los genitales, y lo tuvieron colgado y desnudo durante periodos de horas en la ciudad de Tanta, al norte de El Cairo, hasta que perdía el conocimiento.

En una ocasión, su interrogador le dijo: «¿Crees que vales algo? Podemos matarte, envolverte en una manta y arrojarte a cualquier contenedor de basura y nadie preguntará por ti».

Otro agente llegó a advertirle que rezara sus últimas oraciones mientras le aplicaba descargas eléctricas.

Más tarde lo trasladaron a las dependencias de la ANS en Lazoughly, en el centro de El Cairo, que él describió como un «infierno», donde pasó 60 días y sufrió nuevos actos de tortura.

Se estima que cientos de personas están recluidas en las dependencias de la ASN en Lazoughly, el lugar de detención más conocido según las personas detenidas, situadas dentro de la sede el Ministerio del Interior. Estas dependencias se encuentran a escasa distancia de la icónica plaza cairota de Tahrir, donde miles de personas salieron a la calle hace cinco años para protestar contra la tortura y la brutalidad de las fuerzas de seguridad de la época de Mubarak.

Giulio Regeni

La desaparición del estudiante italiano Giulio Regeni, que fue hallado muerto en El Cairo en enero de 2016, con el cuerpo con señales de tortura, mereció la atención de los medios de comunicación internacionales. Las autoridades egipcias han negado repetidamente toda implicación en su desaparición y muerte, pero el informe de Amnistía Internacional revela que las semejanzas entre sus lesiones y las de ciudadanos egipcios que murieron bajo custodia sugieren que su muerte sólo es la punta del iceberg y podría formar parte de una constante más amplia de desapariciones forzadas a manos de la ANS y otros organismos de inteligencia en todo Egipto.

El informe pide al presidente Al Sisi que establezca con carácter de urgencia una comisión de investigación independiente para investigar todas las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos de personas detenidas por la ASN y otros organismos, facultada para investigar a todos los organismos gubernamentales, incluidas las fuerzas armadas, sin injerencias.

En el texto, la ONG subraya además que muchas potencias occidentales consideran a Egipto un socio fundamental en la lucha antiterrorista en la región, y muchos Estados han usado esta justificación para suministrar a Egipto armas y material relacionado a pesar de los indicios de que se han utilizado para cometer violaciones graves de derechos humanos. Muchos países siguen manteniendo estrechos vínculos diplomáticos, comerciales y de otra índole con Egipto sin conceder prioridad a los derechos humanos.

«Todos los Estados, especialmente los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, deben utilizar su influencia para presionar a Egipto para que ponga fin a estas atroces violaciones de derechos humanos, que se cometen bajo el falso pretexto de la seguridad y la lucha contra el terrorismo», ha afirmado Philip Luther.

«En vez de seguir suministrando ciegamente material de seguridad y policial a Egipto, deben interrumpir todas las transferencias de armas y material que se hayan utilizado usado para cometer violaciones graves de derechos humanos en Egipto hasta que se establezcan salvaguardias efectivas contra su uso indebido, se lleven a cabo investigaciones exhaustivas e independientes y los responsables comparezcan ante la justicia.»

Embargo

Por extensión, la organización pide al gobierno español que suspenda las transferencias a Egipto de armas que puedan ser utilizadas en la represión de protestas para cometer violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y demostrar que las armas españolas exportadas no están siendo utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional. Si existe un riesgo preponderante de esas violaciones, el Gobierno español debe suspender y/o revocar las transferencias objeto de estudio.

También ha pedido a la UE que imponga un embargo de exportaciones de material que las fuerzas de seguridad egipcias han utilizado, y es probable que utilicen, para cometer o facilitar violaciones graves de derechos humanos, al menos hasta que se establezcan salvaguardas efectivas de respeto a los derechos humanos, y una política de denegación de la autorización de otras exportaciones de armas que Egipto pueda utilizar en violaciones graves del derecho internacional humanitario y que las fuerzas de seguridad egipcias podrían desplegar para reprimir las protestas legítimas de la sociedad civil.