La represión de Al Sisi supera a Mubarak y extiende el estado policial en Egipto

Cientos de egipcios en El Cairo, y otros tantos en Alejandría y otras ciudades egipcias, salieron de nuevo a las calles el pasado 15 de abril, en una imagen que recordó por primera vez en casi dos años desde que el exgeneral Abdelfatah Al Sisi llegó a la presidencia y actuó con puño de hierro contra toda oposición, a las protestas de su revolución en 2011. Pese a las amenazas del Ministerio de Interior, que advirtió que «no se toleraría» ninguna manifestación que pusiera en peligro la seguridad del Gobierno o del país, y pese a las redadas indiscriminadas contra activistas, los egipcios volvieron a las calles, esa vez con la excusa de la cesión de la soberanía egipcia de dos islas a Arabia Saudí

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Algunas protestas fueron disueltas con gases lacrimógenos, y en las zonas rurales se registraron choques entre Policía y manifestantes, pero en El Cairo, frente al Sindicato de Periodistas, varios centenares de personas plantaron cara al cordón policial gritando consignas, por primera vez en el último año, contra el Gobierno de Al Sisi. Un joven se adelantó, con los brazos abiertos, frente al muro de policías que bloqueaba el acceso a la calle. Entre los manifestantes, la omnipresente Policía secreta, observando caras y apuntando nombres.

Envalentonados por el tímido éxito, el primero tras el silencio de la plaza Tahrir en el quinto aniversario de la Revolución del 25 de enero, organizaciones como el Movimiento 6 de abril, entre otros, llamaron a nuevas protestas el 25 de abril, reiterando su carácter de «pacíficas». Sin embargo, el Gobierno actuó esta vez con nuevas detenciones que pasaron a engrosar a los más de 41.000 disidentes que –según estimaciones de grupos proderechos humanos- atestan las cárceles del país desde la caída de Mohamed Morsi en 2013.

Detenciones masivas

Entre el 15 y el 27 la Policía egipcia detuvo a 1.277 personas en todo el país, entre activistas, abogados, periodistas, manifestantes o sospechosos de serlo, según cifras compiladas por el Frente para la Defensa de los Manifestantes Egipcios (FDEP). Según esta organización, 577 han sido acusados y permanecen bajo custodia policial, 619 fueron detenidos y más tarde liberados, mientras que se desconoce el paradero o el estatus de 81 personas. Otras organizaciones cifran en más de 300 los detenidos -entre ellos varios periodistas extranjeros- el 25 y los días previos en El Cairo y Giza, aunque no ofrecen otros datos del resto de provincias. Según la Fiscalía, los acusados se enfrentan a cargos por «protestar ilegalmente, intento de derrocar al Gobierno, amotinamiento e incitación contra las Instituciones Estatales». Incluso el Consejo Nacional por los Derechos Humanos, de afiliación estatal, ha denunciado estos «arrestos indiscriminados« como una «violación de la Constitución».

Este 25 de abril –con el nivel máximo de alerta de seguridad, según declaraciones de oficiales del Ministerio de Interior al periódico Aswat Masrya- fue la Policía quien tomó las calles, con sus camiones para recoger detenidos, las calles acordonadas y sus SWAT preparados para disparar gases lacrimógenos y balas de goma contra cualquier manifestante, que ya no se muestran sorprendidos. El abogado Gamal Eid, director de la Red Árabe para la Información de Derechos Humanos, señala que Egipto vuelve a convertirse en un «Estado Policial».

Con la Policía Secreta «en todas partes», los Servicios de Inteligencia estudiando cada post de Facebook o tuit, deteniendo a gente en cafés o en estaciones de metro u organizando redadas en los pisos del centro de la ciudad, Egipto es ahora un Estado que mantiene un estricto control sobre sus ciudadanos para evitar cualquier oposición al régimen, una realidad que también han denunciado grupos como Amnistía Internacional. «Ya no podemos ni quejarnos del Gobierno en Facebook, han detenido a personas por lo que escriben en las redes sociales», denunció a ABC la conocida activista Mona Seif. En una conversación informal con estudiantes de Literatura, bajan la voz cuando se les pregunta por Al Sisi: «vamos a cambiar de tema, que no quiero ir a la cárcel, y las paredes tienen oídos».

En las redes sociales egipcias circulan listas de consejos, en clave humorística, sobre cómo no ser detenido en estas fechas, desde «evita ir a cafés en el centro» a «evita caminar cerca de grupos», pasando por «si no eres activista, quédate en casa. Si eres activista, sal de casa».

Torturas

Porque la sensación es que cualquiera puede ser detenido, sea o no sea disidente. Detenido y luego, en la comisaría de Policía o en otros centros de los servicios de seguridad, torturado. «La impunidad policial es total en medio de este ‘Estado de Excepción’ en el que hemos estado tanto tiempo», señalan a ABC desde la Comisión Egipcia por los Derechos y las Libertades (ECRF). Según esta organización, la tortura en los centros de detención se ha convertido en algo sistemático, donde a los detenidos se les fuerza a confesar cualquier tipo de delito o vinculación con los Hermanos Musulmanes, organización declarada terrorista.

Aida Seif codirige el Centro Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, que el Ministerio de Interior ha intentado clausurar en al menos dos ocasiones, y cuenta que «cualquiera» es susceptible de ser detenido y torturado. «Hemos tratado a menos activistas que a gente corriente», se lamenta. Un activista tiene un ideal, una idea que defender y por la que luchar, pero mucha gente es detenida y torturada sin «haber hecho nada», o incluso siendo partidarios de Al Sisi, y esa injusticia, unida a la tortura –brutal- les traumatiza para siempre, pues no logran encontrar una explicación, un por qué, a lo que han sufrido», relata Seif.

«A los policías se les ha enseñado que son superiores al resto de la población, se les ha inculcado esa idea», añade, «y ese poder trastorna a la gente». Los casos se multiplican: a principios de abril un «oficial de bajo rango» de la Policía mató a tiros a un egipcio por, según ha transcendido, negarse a servirle gratis un té que cuesta unos 20 céntimos de euro. En febrero, un taxista murió por los disparos de otro oficial tras una discusión. Un mes antes, otros policías, vestidos de civil, atacaron a un médico de urgencias que se negó a falsear un parte de lesiones. «La policía hace lo que quiere en este país. Nosotros sólo queremos hacer nuestro trabajo sin miedo», declaró entonces a ABC un doctor que declinó dar su nombre.

La tortura y asesinato del estudiante italiano Giulio Regeni a finales de enero también ponen en la mira a la Policía y los servicios de seguridad egipcios. Según han desvelado fuentes policiales y de la Fiscalía a la agencia Reuters, Regeni –cuyo cuerpo apareció en una cuneta cerca de El Cairo, tras una semana desaparecido- habría sido detenido por la Policía el 25 de enero en una estación de metro cuando se dirigía al centro de la ciudad. El Gobierno, que ve como se tensan las relaciones diplomáticas con Italia, ha negado cualquier implicación en la muerte del joven, que investigaba para su tesis doctoral los sindicatos egipcios, un tema espinoso en el país. Ante las revelaciones de Reuters –que confirman las sospechas generales de que Regeni fue uno más de los cientos de «desaparecidos forzosos» en el estado policial de Al Sisi- el Ministerio de Interior ha respondido acusando a esta agencia de publicar «noticias falsas que pretenden dañar el orden público y la reputación de Egipto».

«Cinco años después del levantamiento que derrocó a Hosni Mubarak, Egipto es de nuevo un Estado Policial. El ubicuo cuerpo de seguridad estatal, la Agencia Nacional de Seguridad, controla firmemente el país. El Gobierno de Egipto ha estado ocupado aplastando los derechos humanos en el nombre de la lucha contra el ‘terrorismo’ y la protección de la ‘seguridad nacional», escribe Amnistía. Así lo definió Al Sisi en un discurso previo al 25: «Veo a gente empujándonos, tratando de comprometer la seguridad y la estabilidad (de Egipto) una vez más».