Los Príncipes Alberto y Charlene de Mónaco en una imagen publicada el pasado viernes
Los Príncipes Alberto y Charlene de Mónaco en una imagen publicada el pasado viernes - facebook

Insultar a Alberto de Mónaco y su familia puede costar cinco años de cárcel

La ONU expresa su preocupación por la dureza de las penas contra los delitos de «ofensa» y «traición» en el Principado

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Alberto II no está para chistes ni chismorreos, ni mucho menos para insultos. Cuando aún no se han apagado los ecos de la llamativa ausencia de la Princesa Charlene en el tradicional Baile de la Rosa (celebrado el pasado 28 de abril), esta semana se ha hecho público un informe del Comité de los Derechos Humanos de la ONU en el que se expresa su preocupación porque «el insulto público a la Familia Real sigue siendo un delito objeto de prisión de hasta cinco años». En sus conclusiones, el informe señala que «apresar a alguien por ejercer un derecho tan básico como la libertad de expresión es un castigo que no debería ser agravado según quién es la persona a la cual se dirigen las ofensas».

Los expertos firmantes del documento se felicitan, sin embargo, de que «en general, las sentencias se limitan a multas». Mónaco es un Estado con una población de 37.000 personas de 120 nacionalidades diferentes.

En el informe, además, se lamenta por el «el reciente encarcelamiento de una persona por desacato a las autoridades legales y al Príncipe Alberto». Se refiere, en concreto, a un tunecino de 28 años de edad que fue condenado a tres meses de prisión por insultar a la Familia Real. Al parecer, la pena resultó bastante más dura de lo que solicitaba la Fiscalía: ocho días de cárcel y una multa de 1.000 euros.

Otros casos documentados por «Monaco Matin» son el del organista Marc Giacone, quien en 2007 estuvo cerca de pasar tiempo en la cárcel por publicar en un sitio web que «Mónaco es un circo político», nombrando a una serie de personalidades entre las que se encontraban no sólo el Príncipe Alberto, sino también el Ministro de Estado o arzobispo Barsi, al que caracterizó con una «inadecuada» nariz roja. El fiscal solicitó seis meses de prisión y una multa de 1.500 euros. Finalmente fue absuelto de insultar al Soberano, pero multado con 2.000 euros por libelo y difamación contra el arzobispo y el director de los servicios judiciales. En 2011, un hombre en estado de embriaguez y que fue detenido por escándalo en la Plaza de Armas fue condenado a seis días de cárcel. Había proferido insultós contra el Príncipe Alberto. Dos años después, en 2013, un fotógrafo insultó en su página de Facebook a la Familia Real y publicó una foto de un pasaporte monegasco quemado. La fiscalía había pedido 15 días condena, pero finalmente quedó en libartad tras abonar 3.000 euros y con una seria advertencia.

Batallas perdidas

Cabe señalar que la independencia de los jueces está garantizada por la Constitución de 1911, reformada en 1962 por el Príncipe Rainiero. La Corte Suprema de Mónaco, la más alta instancia judicial del Principado, está compuesta por cinco miembros principales y dos jueces asistentes. Sus miembros son nombrados por el Príncipe a partir de los candidatos propuestos por el Consejo Nacional.

La Familia Real monegasca tiene un serio historial de demandas judiciales, especialmente por parte de Alberto II y Carolina contra medios de comunicación. En 2012, la primogénita de Rainiero y Gracia de Mónaco se llevó un tremendo varapalo cuando perdió su demanda por unas fotografías publicadas por dos revistas alemanas en 2002, mientras esquiaba con Ernesto de Hannover en una estación suiza. Alberto, por su parte, en 2009 presentó en Los Ángeles una demanda por calumnias contra el norteamericano Robert Eringer, quien afirmaba haber hecho tareas de «espionaje» entre 2002 y 2007 a petición del actual Soberano. Antes, en 2005, la Audiencia Provincial de Friburgo rechazó la demanda judicial que el Príncipe interpuso contra la revista alemana del corazón «Bunte» por revelar que tuvo un hijo con Nicole Coste, ex azafata francesa de origen togolés. Los jueces alemanes consideraron entonces que «el interés de la información y la libertad de prensa están por encima de los derechos personales del príncipe», por lo que la revista actuó correctamente a la hora de publicar la noticia. La Audiencia Provincial de Friburgo justificaba el interés de la prensa por la paternidad de Alberto Grimaldi, ya que al ser el jefe de Estado de Mónaco, era importante conocer ese dato para saber quién tiene derecho a heredar su fortuna y el trono. «Bunte» fue, junto a «París Match», una de las primeras en revelar que era el padre de Alexandre, que se sumaba a otra hija ilegítima, Jazmine.

De momento, no ha habido ninguna reacción oficial desde el Principado al informe emitido por la ONU. Con respecto a la supuesta crisis matrimonial de Alberto y Charlene de Mónaco, ayer se publicó en las redes sociales una imagen de ambos contemplando la procesión de Viernes Santo desde un balcón de palacio. También se aclaró que la ausencia de Charlene en el Baile de al Rosa fue debida a que se quedó cuidando de su hija Gabrielle, quien padecía un fuerte resfriado.

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