La exsenadora desahuciada de Podemos asegura que no hizo «nada ilegal»

Elvira García, la exsenadora de Podemos que pasó al Grupo Mixto tras abandonar el partido, ha asegurado este lunes que no hizo «nada ilegal» a pesar de que la administración vasca dio orden de desahuciarla tras acumular una deuda de 5.000 euros por un piso de alquiler social de Vitoria. Según ha manifestado, el «lío administrativo» que propició el suceso es debido a su falta de comunicación con su exmarido. Además, ha subrayado que tampoco ha «contravenido ningún código ético» con la formación morada, que la acusa de haberse quedado con los excedentes de su sueldo en la Cámara Alta.

La senadora, que fue como número uno de Podemos en las listas por Álava, ha explicado en la Ser que la razón por la que dejó de donar dinero al partido radica en la «difícil situación personal» que sufrió a raíz de su divorcio, lo cual provocó que se retrasara en los pagos.

En esta línea, ha aseverado que «jamás» se ha negado a aceptar las disposiciones de la formación morada, que establece que sus trabajadores no pueden cobrar más de tres veces el Sueldo Mínimo Interprofesional (SMI).

A su vez, ha destacado que Podemos no le ha exigido que entregue su acta de senadora, y ha denunciado ser víctima de una serie de «presiones» que le han impedido dar explicaciones.

Deuda de 5.000 euros

Elvira García fue desahuciada por no hacer frente a quince pagos de la vivienda que se le había asignado por un precio de 200 euros al mes. La administración autonómica destacó que le fue imposible ponerse en contacto con ella para evitar la ejecución del desalojo, pues, según denunció, no quiso atender a la sociedad que gestiona este tipo de arrendamientos. En el momento en el que se puso en marcha el proceso judicial, además, la senadora ya no tenía el perfil de demandante de este tipo de pisos.

La senadora, cuyo salario es superior a los 5.000 euros mensuales, declaró además, al acceder al Senado, unos beneficios de 10.502,28 euros procedentes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que facilita el Gobierno vasco a aquellas personas en situación de necesidad.

Una vez abandonó el piso de alquiler social, García se trasladó junto a sus dos hijos a un piso de 200 metros cuadrados situado en el número 2 de la calle Olagibel. por el que estaría pagando un alquiler de 1.000 euros al mes. Curiosamente, en el mismo edificio está situada la sede vitoriana del PP, y justo en frente se encuentra la Subdelegación del Gobierno.