Galicia

La Xunta prevé un techo de gasto para 2017 de 9.039 millones de euros, 235 más que en 2016

Esta cifra se ha calculado en base a las estimaciones de crecimiento de la economía gallega a fin de que el nuevo Ejecutivo agilice su aprobación

Alberto Núñez Feijóo ha presidido este jueves la reunión de su gabinete
Alberto Núñez Feijóo ha presidido este jueves la reunión de su gabinete - Xunta

El Gobierno gallego ha presentado un techo de gasto provisional para 2017 que se eleva hasta los 9.039 millones de euros, lo que supone un incremento en un 2,7 por ciento (235 millones) la capacidad de gasto efectivo de las cuentas del año en curso. Según han explicado tanto el presidente de la Xunta como el conselleiro de Facenda, esta «estimación seria, prudente y realista» prevé para el próximo año un crecimiento económico del 2,3% y reducir la tasa de paro hasta el 15,6%.

La Xunta también ha actualizado las previsiones para este 2016 situando el crecimiento económico en el 3%, cinco décimas más de la previsión recogida en la aprobación de los presupuestos. También se reduce la tasa de paro hasta el 17,4% de la población activa, casi un punto inferior a la cifra recogida en las cuentas.

En su comparecencia posterior al Consello, ambos representantes del Gobierno han subrayado que la previsión de crecimiento económico del 2,3% para 2017 -inferior a la del 2,5% que preveían las cuentas para este ejercicio y a la del 3% final- se justifica por los «efectos negativos» que podría tener el 'Brexit' (con posible repercusión en las exportaciones) y demás factores de incidencia del panorama internacional.

Feijóo y Martínez han justificado este paso en base a la necesidad de marcar las directrices de trabajo interno para los departamentos de la Xunta. Permitiría agilizar la elaboración de las cuentas tras la campaña del 25 de septiembre y facilitar los procesos al Ejecutivo entrante tras el 25-S, aunque seguiría pendiente de que se desbloquease la situación estatal.

Precisamente, en este contexto, Feijóo ha enviado un mensaje especialmente dirigido a los partidos de la oposición para que el Congreso fije una norma que permita concretar a las comunidades las entregas a cuenta y el déficit, con el fin de poder elaborar su presupuesto, y situarse así al margen del bloqueo motivado por la «irresponsabilidad» política en España.

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