La Xunta lleva a los tribunales el estreno en falso del Área de Vigo

Tras varios avisos, la cerrazón del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para evitar cumplir con lo estipulado en el convenio firmado en julio e incorporar a la principal ciudad del Área al transporte metropolitano ha llevado a la Xunta a recurrir al Contencioso. Paradójicamente, tras varias semanas invitando al Gobierno gallego a dar este paso si no estaba de acuerdo con cómo se estaba interpretando todo este asunto desde el Consistorio, Caballero reconocía que no cree que sea la vía adecuada para solucionar el problema.

Nada más conocer la noticia del estreno en falso del organismo, del que no se admitió su inscripción en el Registro de Entidades Locales ante las «irregularidades» detectadas en la asamblea de constitución del pasado 1 de diciembre, el regidor vaticinaba ayer que «perderán» en los tribunales «porque nos asiste la democracia y la razón».

En cuanto a los motivos de la Xunta para dar este paso, son los mismas que defiende desde que se presentó la polémica. Así, mantiene que «no se dan los presupuestos legales imprescindibles para la legal constitución y puesta efectiva en funcionamiento» del ente supramunicipal. La decisión, previa consulta a la Asesoría Jurídica Xeral, se sustenta en el incumplimiento, por parte del Ayuntamiento de Vigo, del convenio de integración del bus urbano en el plan metropolitano de transporte, informa Ep. Así lo recoge como condición la propia normativa, tal y como el Consultivo advierte hasta en dos informes. De este modo, la Administración autonómica argumenta que «los actos de constitución del Área Metropolitana son contrarios a la ley 4/2012 (la suya propia), entre otras».

Para la Xunta «resulta evidente», atendiendo al texto de la norma en vigor, que el citado requisito previo «no se cumple» y que el bus urbano no está «efectivamente integrado» en el plan como el del resto de municipios del área. La impugnación se basará en el dictamen del Consultivo, que cuestiona que el arranque del Área, sin la adhesión de la ciudad de cabecera al transporte, cuente con «todas las garantías legales», dado que incumple la condición pactada por las partes en el convenio suscrito el pasado 6 de julio.

No obstante, la Xunta señala que, cuando se den «los presupuestos legales», se puede «convocar nuevamente la sesión constitutiva de la asamblea metropolitana y procederse a la elección de su presidente conforme a la legalidad». Y es precisamente éste último punto sobre el que discrepan abiertamente Gobierno gallego y ayuntamiento. Mientras que Caballero mantiene que fue elegido de forma «legal y democrática», desde la Administración autonómica cuestionan su nombramiento toda vez que se formalizó cuando el presidente de la mesa en la asamblea constitutiva, el alcalde de Salvaterra Antonio Grandal, decidió suspender la sesión.

«Una vez más, Feijóo se sitúa contra Vigo, queriendo que pague lo que tiene que pagar la Xunta, queriendo que Vigo lo pague todo. Pero esos tiempos se acabaron. El viguismo de Feijóo acabó el día después de las elecciones», lamentó el alcalde.