Caballero desoye a la Xunta y defiende la plena validez del área

El año arranca en Vigo como lo terminó, con polémica en torno al Área Metropolitana. Desde que la Xunta rechazara el pasado día 30 la solicitud realizada por el Ayuntamiento olívico de inscribir el organismo en el Rexistro de Entidades Locais de Galicia, el alcalde no había tenido ocasión de pronunciarse al respecto de una cuestión de la que, dijo, tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación. Y tampoco era ayer el día para hacerlo porque «primero quiero saber qué dice la Xunta», señaló, en clara referencia a que no consta ninguna comunicación oficial sobre este asunto en el Consistorio. «Deben estar de vacaciones», ironizó el regidor.

Pese a que no entró en el detalle del argumentario de la Administración autonómica, que entiende que no se puede dar validez a los acuerdos producidos después de la «suspensión» de la sesión del 1 de diciembre —por decisión del presidente de la mesa de la edad, Arturo Grandal, alcalde de Salvaterra—, entre ellos su elección como máximo representante del Área, el primer edil vigués volvía a insistir ayer no solo en la «plena vigencia y legalidad» del ente supramunicipal, sino también de su designación como presidente del mismo.

Según dijo, «mi elección fue legal y democrática».

No tocaba hablar del partido, tal y como trasladó, pero si del Área. Para esto llegaba preparado, aunque lo hiciera de forma indirecta. Así las cosas, respondió a la Xunta con una grabación de la sesión del pleno metropolitano en la que se escucha a Grandal, al secretario e incluso a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, dando por constituido el ente. «Es elocuente, queda todo contestado», señaló, para añadir que «la ley dice que corresponde al secretario velar por la legalidad de las actuaciones del órgano colegiado, y el secretario habló». En el audio éste insta a continuar la sesión por no haber «causa ni razón legal» para suspenderla.

No admite tampoco dudas el alcalde de Vigo, que avanzó que en breve convocará de nuevo a la Junta, sobre la operatividad de los órganos de gobierno, con Cangas, Moaña y O Porriño ocupando las vicepresidencias. Y por la «legalidad más absoluta», según sus propias palabras, está avalada la designación del interventor, el secretario y el tesorero por parte de la Diputación. Nombramientos cuya legalidad cuestiona el Gobierno gallego, único con competencias para la provisión y clasificación de puestos de empleados públicos.

Sin ir más lejos, dos horas antes de la comparecencia del alcalde, el delegado de la Xunta en Vigo alertaba de la «espiral perniciosa de ilegalidades» en la que está dispuesto a entrar el alcalde vigués. En este sentido, Ignacio López-Chaves recordó al regidor que si la Dirección Xeral de Administración Local no ha aceptado inscribir el Área es porque considera que «no se cumplen los requisitos legales para hacerlo». En este sentido, el representante autonómico llamó a Caballero a cumplir el convenio e ingresar en el transporte metropolitano, un requisito «fundamental»que también reclamaba ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, desde Noia, y con ello subsanar los errores detectados para garantizar la «efectiva puesta en marcha del ente». Recordó, al hilo, que hay dos informes del Consultivo que cuestionan su legalidad y, aunque no lo descarta, entiende que acudir al Contencioso —como marca la normativa— sería «retrasarlo todo».