Los sindicatos rompen el diálogo y demandan ahora otro interlocutor

Tras siete horas reunidos hoy y otras nueve el lunes, la Xunta y los sindicatos no han logrado ni un sólo avance para terminar con la huelga de la justicia . Después de acusarse mutuamente de no tener voluntad real de llegar a ningún acuerdo, los representantes de los funcionarios se han levantado esta tarde de la mesa y han puesto fin a los contactos mientras no se cambie a uno de los interlocutores, el director xeral de Función Pública, José María Barreiro. Lo acusan de ser el «dinamitador» de las negociaciones. Desde la Xunta inciden en que, con la de hoy, son ya tres las veces que los sindicatos abandonan el diálogo y ven en las nuevas exigencias «una muestra más de que no quieren negociar».

En declaraciones a los medios, el propio Barreiro ha defendido el derecho de la administración gallega a elegir sus interlocutores y ha recordado que la Xunta no ha puesto trabas a reunirse con representantes de siete sindicatos. En su opinión, la ruptura de los contactos es «una grave irresponsabilidad de las organizaciones sindicales». Barreiro ha insistido en que los convocantes de la huelga «siguen empeñados» en una demanda de mejora salarial de 2.700 euros al año, en torno a un 13%, que es inasumible y calificó de «muy generosa» la oferta de la Xunta a la que se sumaría además otro 8% que se está negociando en Madrid. «Es mucho más de lo que ganan de media los trabajadores gallegos»,ha resaltado.

Actualmente los funcionarios de la justicia cuentan con un salario anual bruto de entre 24.494 y 34.619 según su categoría . Estas cifras representan entre un 23% y un 74% más que la media salarial en la Comunidad. La Xunta propone para 2021 un incremento de entre 800 y 1.080 euros. Con la subida que demandan los sindicatos, los auxiliares, el cuerpo que menos cobra, estaría un 37% por encima de la media. «Los trabajadores no quieren entender que no se pueda ofrecer más» a pesar de que perciben «cantidades privilegiadas» , ha resaltado el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, quien ha insistido en que las peticiones de los representantes de los trabajadores «siguen fuera de la realidad».

Con el conflicto enquistado, por el momento no hay visos de que se vayan a retomar las negociaciones. Las centrales, que no se plantean abandonar el paro, han convocado para este sábado una manifestación en Santiago . El Gobierno gallego «ya sabe lo que tiene que hacer» si pretende que se retome el diálogo, ha advertido esta tarde Pablo Valeiras (A Xustiza CUT), que ejerció como portavoz. Las centrales afirman que es la Xunta la que se ha cerrado en banda a negociar una mejora salarial necesaria, en su opinión, para equipararse con el resto de funcionarios de otras comunidades y para recuperar el poder adquisitivo perdido durante los años de crisis. Hoy se han mostrado nuevamente molestos por la invitación a concursar en otra comunidad si no estaban contentos, realizada ayer por el director xeral de Función Pública.

«Intentaremos que haya una negociación, pero lo que no puede ser es llamar para que no haya ningún tipo de avance», ha remarcado Barreiro, quien ha rechazado también una mediación en el conflicto dado que, según ha dicho, está «prohibida» en materia salarial.

Por el momento, el apoyo de los trabajadores al paro indefinido que empezó el pasado 7 de febrero se sigue notando en los juzgados, que sólo funcionan con los servicios mínimos. Cientos de juicios se suspenden cada día y numerosos ciudadanos no pueden realizar trámites, como pedir una fe de vida para cobrar una pensión. El director xeral de Xustiza ha recordado que la Xunta ha marcado unos servicios mínimos que permiten que funcione lo «más esencial», pero ha admitido que cuantos más días de huelga pasen «mayor deterioro va a haber» .

La Fiscalía Superior de Galicia ha urgido a «una pronta solución» para el conflicto que evite que se «agraven» los problemas. «La huelga afecta al trabajo de la Fiscalía en la misma medida que al resto de operadores jurídicos», han trasladado fuentes del órgano a Ep, al tiempo que han incidido en que durante la huelga iniciada hace catorce días «particularmente se están viendo afectados las comunicaciones entre juzgados y el Ministerio Público», ya que «servicios públicos como Lexnet están funcionando de forma poco significativa».