Concentración carnavalesca de los funcionarios judiciales en La Coruña
Concentración carnavalesca de los funcionarios judiciales en La Coruña - CABALAR/EFE
Cuarta jornada de paro indefinido

La huelga de justicia continúa tras el rechazo a la nueva oferta de la Xunta

Los sindicatos no aceptan una subida de hasta 1.080 euros al año en 2020 en la categoría más alta de funcionarios. Rebajan sus exigencias y piden ahora un aumento que llegaría a 2.700 euros para todos los cuerpos judiciales

SantiagoActualizado:

Xunta y sindicatos han retomado esta mañana las negociaciones para intentar poner fin a la la huelga indefinida de la justicia, que ha suspendido ya unos 3.000 juicios y numerosos trámites tras cuatro jornadas de inactividad. Pero el encuentro ha terminado sin acuerdo. La administración gallega ha mejorado su propuesta inicial y ofrece ahora una subida salarial que alcanzará los 1.080 euros anuales en 2020 para la categoría más alta de funcionarios. Tras realizar un receso para estudiar la nueva propuesta, el comité de huelga ha decidido rechazarla y ha realizado una contraoferta rebajando sus exigencias iniciales. La Xunta no la ha aceptado al considerar que sigue siendo «inasumible» para las arcas gallegas.

Tras el último contacto mantenido el pasado 31 de enero, las negociaciones entre la administración gallega y los funcionarios estaban rotas. El pasado viernes las centrales solicitaron retomar el diálogo y Vicepresidencia los convocó para esta la mañana en Santiago. El comité de huelga había demandado la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais y la presencia del presidente, Alberto Núñez Feijóo y el vicepresidente, Alfonso Rueda. Pero finalmente a la reunión han acudido sólo el director xeral de Xustiza, Juan José Martín, y el de Función Pública, José María Barreiro.

Los representantes del Gobierno gallego han llegado a la mesa de negociaciones con una nueva propuesta bajo el brazo, que incrementa un 20% la anterior. Para el cuerpo de gestores mejoraron de 75 a 90 euros mensuales el aumento del complemento autonómico (1.080 anuales). Para los tramitadores pasaron a una subida de 76 euros frente a los 62 del documento anterior (912 al año) y para los auxilios de 55 a 68 euros (816 anuales). Estas cantidades se harían efectivas en 2020, pero los salarios empezarían a crecer el año que viene.

Las centrales han decidido rechazarla. Además de considerar el aumento insuficiente, insisten en que debe de empezar a aplicarse ya durante este año 2018. La Xunta afirma que sería ilegal porque no están aprobados los presupuestos estatales. En declaraciones a los medios, José María Barreiro ha insistido en que «no es posible ningún acuerdo retributivo» para este año, pues el alcanzado en la Comunidad de Madrid ha sido recurrido. Las centrales, sin embargo, afirman que se puede recurrir a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya se usó en el pasado.

Los funcionarios también subrayan que no se ha dado ningún avance en otra de sus reivindicaciones, la de equipararse con jueces y letrados a los que no se les descuenta sueldo si se ponen de baja por enfermedad. Pero el director xeral de Función Pública considera que «no se puede estar pidiendo» que se les apliquen las condiciones del Ministerio de Justicia para situaciones de incapacidad temporal (IT) y a la vez tener un complemento autonómico superior. En las comunidades donde la justicia no ha sido transferida, el del Ministerio abona el complemento más bajo de todo el Estado.

«La huelga continúa siendo indefinida porque no se ha logrado ningún avance sustancial», resume el presidente del comité de huelga, Manuel Tejada. Tras estudiar la nueva propuesta de la Xunta, las centrales han realizado una contraoferta rebajando sus aspiraciones iniciales. Los funcionarios piden la misma subida independiente de la categoría laboral y reclaman un incremento progresivo en tres años, que llegaría a 225 euros más al mes, 2.700 al año, en 2020.

José María Barreiro ha considerado «exagerada y desproporcionada» la petición sindical, pues frente a una «propuesta muy razonable» de la Xunta, los sindicatos quieren «continuar la huelga» con los perjuicios que causan a la ciudadanía. «Piden ponerse por encima de todas las comunidades autónomas excepto el País Vasco. Eso es que no se quieren negociar», ha continuado. Por su parte, el vicepresidente Alfonso Rueda, ha sugerido que, mientras «se negocia, se levante esta huelga» por el importante perjuicio que causa a los ciudadanos.