Presos yihadistas y bandas del este, los nuevos reclusos de las cárceles gallegas

«La vida en una cárcel no es lo que la gente se piensa». Así resume su día a día un funcionario de prisiones con varias décadas de experiencia en la mochila y presos de todo calibre a su cargo. Manuel trabaja en el penal pontevedrés de A Lama y esta semana ha puesto voz a las reivindicaciones de centenares de compañeros gallegos que reclaman más medios humanos para mantener la seguridad en unos penales que están sobreocupados. «Se nota en las salas comunes, en las celdas y sobre todo en las tensiones que se generan», explica este trabajador para dar cuenta de una realidad que se traduce en cifras. En A Lama —cárcel modelo igual que Teixeiro— conviven 1.300 reclusos, aunque su capacidad máxima ronda el millar de plazas.

La situación se repite en casi todas las cárceles gallegas y se extiende al resto del país. También es común al grueso de las prisiones el déficit de funcionarios de interior, es decir, los que conviven intramuros con los presos.

«En la prisión trabajan 500 funcionarios, pero solo 240 se encargan de tareas de vigilancia de la seguridad en el interior del penal», explican desde la plataforma de Funcionarios de Prisiones Unidos, radicada en Galicia. Uno de los principales problemas de esta convivencia estriba, según confiesa Manuel, en la naturaleza de los nuevos reos. De los traficantes de drogas, incide, se ha pasado a un perfil muy distinto que integra a yihadistas o a componentes de mafias de países del este y «no tenemos recursos ni formación para tratarlos». El cambio en la población reclusa exige una mejora en la preparación de los funcionarios que, en el caso gallego, consideran «prácticamente nula».

Del narco al terrorista

Como ejemplo hablan de reducciones a presos agresivos, con más de ciento veinte kilos de peso, y para las que no han recibido instrucciones. «Pedimos una formación obligatoria y en horario laboral para afrontar esta situación. A base de años todos teníamos un máster en los internos propios de aquí, adictos al caballo, narcotraficantes y condenados por robo. Se trataba de un perfil que conocíamos y con el que sabíamos lidiar. Ahora con los yihadistas o con la gente del este la situación es distinta y carecemos de herramientas», profundiza Manuel en una charla con ABC. Algunos de estos reclusos están en primer grado; son los más peligrosos y aquellos que solo pueden salir acompañados por tres carceleros. Los que están en segundo grado, con menos restricciones, tienden a relacionarse entre ellos, en «grupos», otra problemática que se intenta limitar separándolos para evitar la formación de bandas «que se hagan fuertes».

Más allá del crisol de nacionalidades que marca el pulso diario en las prisiones, funcionarios y también sindicatos introducen otro elemento a tener en cuenta. Se trata de los problemas psiquiátricos que afectan cada vez a un número mayor de reos y que están detrás del 30 por ciento de las agresiones a los trabajadores. «Está habiendo muchos conflictos con este tipo de internos y son un problema. No tenemos psiquiatra, no tenemos preparación. Son gente con múltiples toxicomanías que, en mi opinión, no deberían estar en la cárcel sino en un centro especializado», anota el funcionario pontevedrés.

Agresiones, cada semana

Los datos también revelan que las lesiones a los trabajadores de interior son más habituales de lo que parece. Ellos confirman la idea y asumen que muchos partes médicos «se quedan en el tintero». En el caso de A Lama, «una vez cada semana o cada dos siempre hay algún tipo de intervención de la que sale un funcionarios con agresiones». Se trata de situaciones que se dan en las prisiones con «cierta naturalidad», asumen. En el mejor de los casos, que son los más peligrosos, hay dos funcionarios. Pero en el resto hay solo un trabajador para ochenta presos y, en este escenario, «no se tienen ojos para todos. Si estás en la galería, el patio queda descubierto».

En esta convivencia de rejas para dentro, los funcionarios reconocen que la relación con los reclusos es mucho más normal de lo que puede parecer y «con algunos internos incluso acabas cogiendo confianza». Pero no quita, advierten, de los momentos de tensión. Cuando hay una reyerta de cierta gravedad en un módulo, lo que la norma indica es que el funcionario lo abandone y pida refuerzo a los compañeros. Después, «entras a corazón abierto, porque medios no tenemos ninguno». Manuel lo dibuja de manera gráfica: «Nosotros entramos aquí a trabajar de traje y corbata. Solo tenemos esposas y porras guardados en un armario, pero no salimos con ellas».

Consultados sobre estas situaciones de peligro, en las que el cuerpo a cuerpo prima, los funcionarios son tajantes. «Da miedo, pero es nuestro trabajo y en caliente no lo piensas mucho. En esos momentos entras y listo», comentan. «La semana pasada un compañero se tuvo que ir a urgencias porque le cortaron la mano con una cuchilla en una reducción. Cosas de estas son diarias...», lanzan al aire.

En el caso de los módulos de aislamiento, las celdas y los internos se cachean a diario. El resto de controles son selectivos, pero en ellos suelen aparecer armas elaboradas dentro de la prisión: los pinchos caseros. «Y hay muchos porque aquí entra mucha gente a trabajar. Hay cursos de pintura, de carpintería... la cárcel no es un mundo tan cerrado como se piensa y es fácil que trabajen un hierro o una percha y de ahí salga un pincho», ejemplifican. Conscientes del terreno en el que se mueven a diario, los funcionarios de prisiones se han unido para dar a conocer su realidad y exigir medios para desarrollar su trabajo con más garantías. «Necesitamos personal, tener la condición de agente de la autoridad, contar con una carrera profesional evaluable y más medios coercitivos para frenar las agresiones», resumen.