«Los jueces y fiscales mediáticos no son buenos para la justicia»

Mide las palabras del mismo modo que un fiscal redacta un escrito. La precisión garantiza la eficacia de su mensaje. Dice sin decir, siempre con el gesto amable, pero sin esconderse. Cree que la justicia puede mejorar y da recetas.

—El ministro Catalá anuncia una nueva oficina judicial. ¿Están los fiscales preparados para llevar la instrucción penal?

—Pasar a ese sistema nos relaciona con los sistemas europeos de nuestro entorno. Pero esto debe ir acompañado de un blindaje del Ministerio Fiscal para que no haya dudas respecto a su imparcialidad, además de un aumento considerable de medios. Somos 2.500 fiscales en España, y unos 5.300 jueces. Necesitamos incrementar las plantillas. En España hay 4,8 fiscales por cada 100.000 habitantes, cuando en Europa la ratio es de 11,8.

La ratio de funcionarios de apoyo está entre 0,6 y 0,8, y en Europa están en 14.

—Igual hay que cepillar también nuestras leyes procesales.

—Lo que aparecía en los dos anteproyectos conocidos de PP y PSOE no me ha satisfecho plenamente, la verdad, porque se parte de una cierta desconfianza hacia el fiscal y debemos pedirlo todo al juez de garantías. Lógicamente hay cosas que deben solicitarse, pero no llegar a extremos exasperantes. Debe dejarse margen. La reforma de la ley de enjuiciamiento es muy necesaria. Parece ser que es uno de los objetivos de los grupos políticos.

—¿Esa ley se puede reformar sin perder el espíritu garantista de un Estado de Derecho?

—No solo se puede sino que tiene que ser así. El Derecho Penal es probablemente el que despliegue con mayores garantías los derechos de los implicados. Hay que hacer una nueva ley pero respetando las garantías.

—¿Por qué no hemos superado el cliché de la Fiscalía al servicio del Gobierno?

—La Fiscalía siempre actúa con imparcialidad. Su independencia está garantizada en todos los casos. Yo nunca he recibido indicación alguna en 34 años de ejercicio sobre asunto alguno. Es lógico que el ciudadano piense que hay independencia relativa en la medida que el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno y nuestra estructura es jerarquizada. Pero tenemos suficientes controles internos.

—¿Una causa puede sustentarse sobre la interpretación moral que un juez haga de un determinado delito? Caso concreto: los Vega Sicilia que se le imputan a Feijóo pasan a ser «cohecho» porque la juez De Lara cree que superan un umbral económico de regalo de cortesía establecido por ella.

—El Código Penal tiene que tener la mayor seguridad jurídica posible. Traducido a lenguaje vulgar, cuando el legislador delimita el delito debe hacerlo con precisión para que no deje interpretaciones abiertas. No hay delitos morales, sino que deben hacerse interpretaciones correctas.

—Sobre este particular, ¿ya ha evacuado informe la Fiscalía?

—Sí. Hay diligencias en la Sala de lo Penal del TSXG, nos pidió opinión a la Fiscalía, la emitimos hace unos días. Dejemos que la Sala trabaje.

—¿Puedo preguntarle el contenido?

—Lo diremos pronto, porque el asunto se resolverá en breve. Pero su contenido es en coordinación siempre con la excelente labor que han realizado la Fiscalía Provincial de Lugo y la del Supremo.

—Han abierto diligencias igualmente por la queja de los abogados coruñeses contra Pilar de Lara.

—Tenemos aquí esa denuncia. Lleva su tramitación normal.

—¿Le pareció normal ver publicado un informe de un sumario declarado secreto con conversaciones privadas de dos jueces?

—Obviamente no es normal. Si se produce una filtración, se está produciendo algo irregular. Es algo que ocurre en ocasiones con los medios de comunicación y que nunca se consigue determinar el origen. Todos los procedimientos judiciales pueden tener intervenciones telefónicas, pero una de las normas elementales es suprimir cualquier otra cosa que se haya detectado que nada tenga que ver con lo investigado.

—¿Y por qué no se hace en algunos juzgados?

—Pues debería hacerse. Todo lo accesorio, una conversación de dos ciudadanos diciendo que le cae bien o mal fulano o mengano, si no tiene nada que ver, debe suprimirse.

—Dice que las filtraciones ocurren ocasionalmente. Pero en Galicia ocurren más en unos juzgados que en otros.

—En todo el territorio nacional hay determinados órganos que tienen una especial vis atractiva. A nivel nacional ocurre con la Audiencia Nacional.

—Debe ser que en Galicia tenemos alguna pequeña Audiencia Nacional…

—Eso se ha dicho en ocasiones. Y no puede haber ninguna más allá de la que existe en Madrid. El juzgado que sea debe reconducirse a las cosas que son de su competencia y actuar con la lógica elemental y la prudencia de saber cuándo no son suyos los asuntos y mandarlos al órgano competente.

—Eso que dice, en Lugo ocurre poco. Y precisamente, uno de los reproches de la carrera judicial es que la Fiscalía no acota los excesos de algunos jueces de instrucción que se exceden en su jurisdicción. ¿Hay dejación?

—En absoluto. No detecto ningún tipo de dejación. La Fiscalía de donde fuere debe poner en conocimiento del juez instructor cuando un asunto debe desgajarse o enviarse a otro juzgado, y si no hay acuerdo con ese juez, eso debe resolverlo la Audiencia Provincial correspondiente. Eso se está haciendo. Ahora bien, hay media docena de asuntos en Galicia que superan los 100.000 folios, en los que este tipo de cosas requieren mucho tiempo.

—Una filtración de un sumario secreto es un delito. ¿Por qué no se depura la filtración sistemática e interesada de causas?

—Debería depurarse. Pero en el ámbito de la Administración de Justicia, hay temas recurrentes que nunca acabamos con ellos, como la entrada de la droga en las prisiones o las filtraciones de autor desconocido. Viene de hace tiempo. Quizás está relacionado con la multiplicidad de partes en las macrocausas, mucho trasiego de asuntos…

—¿Qué es más pernicioso, un juez mediático o un juez justiciero?

—Ninguna de las dos cosas son buenas. Pero tampoco un fiscal mediático o uno justiciero. Leía no hace mucho declaraciones de jueces que decían que un juez está para lo que está, y si le gusta el ámbito mediático, pues que se dedique a la política o a la comunicación.

—O a la literatura.

—O a la literatura. Lo mismo cabe decir de cualquier fiscal. Lo que me interesa es que esas figuras no proliferen. Nosotros tenemos que controlar eso que llamamos el fiscal justiciero. Todos los escritos de acusación son visados por un fiscal especializado. El tema mediático es un problema que no solo afecta a un lugar determinado. El fiscal general busca que la Fiscalía sea capaz de comunicar bien a la sociedad su trabajo. Esto es importante, y con esto sí eliminaríamos esas veleidades de los fiscales mediáticos.

—Hay expertos que cuestionan el uso de Vigilancia Aduanera como Policía Judicial. El Supremo también ha establecido algunos límites a su actuación. ¿Esto lo saben en Lugo?

—La tramitación de una instrucción es un proceso complejo, y yo reconozco a los jueces una labor difícil. Una de las cuestiones fundamentales que debe plantearse en la instrucción es decir quién y cómo va a investigar una causa. Hay aportaciones muy valiosas no solo de Policía y Guardia Civil, también de fuentes como son las policías locales o Vigilancia Aduanera. Ahora bien, cada uno está para lo que está. Y Aduanas está para las cosas que son de su competencia. ¿Que pueden abarcar otras funciones? Eso es un juicio valorativo que hará el instructor. Desde nuestro punto de vista como fiscales, hay que concentrarse en la policía judicial especializada. En mi opinión particular, yo trabajaría con ellos en primer lugar.

—¿Un juez puede estar fuera de control?

—No puede ni debe estarlo. Un juez de instrucción tiene un poder extraordinario. Pero no hay un descontrol ni puede haberlo, en la medida en que cualquier petición de prisión tiene que instarla el Ministerio Fiscal o las partes acusadoras para que sea acordada; las medidas cautelares, si no nos parecen adecuadas, podemos recurrirlas; hacemos seguimiento para que no se dilaten los procesos…

—Caso Alvia. Se acusa a la Fiscalía de salir en defensa de Adif, como si una parte del Estado protegiese a otra.

—Nos duele no poder satisfacer a las víctimas, que tienen todo su derecho para pedir lo que estimen oportuno. Pero nosotros nos regimos por el principio de legalidad y de imparcialidad. Entendemos que proceden actuaciones distintas a las que piden las víctimas. En todo caso, este es un proceso vivo en el que todas las posiciones pueden cambiar. En función de lo que arrojen las pruebas que se practiquen, estudiaremos si mantenemos o modificamos la nuestra. El fiscal de Santiago actúa de manera sobresaliente.