Jueces y fiscales copan el 90% de los casos contra aforados de 2015 en Galicia

Privilegio, prebenda o regalía de la clase política. En los últimos años la figura del aforamiento ha sido usada desde todo tipo de esferas para denunciar una presunta posición de superioridad por parte de los políticos con respecto al resto de ciudadanos. Una visión que en el caso de Galicia acaban de desmontar los datos, que demuestran que la práctica totalidad de los casos de aforados que llegaron durante el pasado año al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia eran contra jueces o fiscales.

En concreto, la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia correspondiente al ejercicio del 2015 recoge que de los 33 procedimientos iniciados a personas que gozaban de aforamiento, tan solo tres eran cargos políticos.

Además, todos acabaron finalmente archivados. Entre ellos, figuran las causas iniciadas contra los exdiputados autonómicos del PSdeG Carmen Acuña y José Sánchez Bugallo. En el caso de Acuña, fue acusada de falsificación de documentos públicos tras avalar el préstamo de una amiga; mientras que el caso de Bugallo partió de una denuncia realizada por parte del exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa. El tercer expediente, que no llegó ni a ser admitido a trámite, fue el de una particular que decidió querellarse contra el presidente de la Xunta por considerar que Alberto Núñez Feijóo no promovió la investigación judicial de un asunto relativo a la Fundación Cela.

Con todo, esta cifra se refiere únicamente al número de expedientes que entraron en los despachos del alto tribunal durante el pasado año, y no a aquellos iniciados con anterioridad y que acabaron resolviéndose en 2015; algunos de ellos tan mediáticos como el que acabó apartando de su escaño del Pazo do Hórreo al exsecretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez.

Según el Estatuto de Autonomía Galicia, los únicos cargos políticos que cuentan con aforamiento son el presidente de la Xunta, los conselleiros y los diputados del Parlamento autonómico. Como tanto Alberto Núñez Feijóo como los miembros de su gobierno ostentan también la condición de diputados, la cifra de políticos con aforamiento se sitúa en 75. A mayores, la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende esta categoría a la Valedora do Pobo, Milagros Otero, a los 371 jueces que según datos del TSXG ejercen en la Comunidad, y a 146 fiscales.

Opinión de los jueces

«Desde la judicatura no se ve como un privilegio», aclara Antonio Piña, portavoz en Galicia de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que además ejerce como presidente de la Audiencia Provincial de Orense. Piña insiste en que la condición de aforado no supone ningún tipo de inmunidad o excepción, «solo que los casos son juzgados por un tribunal distinto». Además, recuerda que el aforamiento solo entra en escena cuando el caso afecta a una conducta irregular que haya realizado el magistrado en el ejercicio de su cargo.

Pese a todo, el portavoz de la principal organización de jueces se declara partidario de «reducir» el número de aforados, aunque cree que no hay una «razón específica» para que se suprima por completo esta figura. En este sentido, Antonio Piña cree que el aforamiento puede ser útil para proteger a los jueces en el desempeño de sus funciones y evitar algunas situaciones que pudieran dejarlos en una situación de desprotección.