Puy charla con el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ayer en el Parlamento
Puy charla con el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, ayer en el Parlamento - M. M

La investigación de las cajas se reabre tras su cierre en falso

Pedro Puy confiesa una voluntad autoimpuesta para proteger la consolidación de Abanca y la devolución de las preferentes

Santiago Actualizado: Guardar
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El tiempo dejó «enfriar» el debate sobre la integración de las antiguas cajas de ahorro de Galicia en una sola entidad bancaria, y su posterior venta a la venezonala Banesco. La comisión de investigación abierta en 2013 se canceló por motivos enseñados ayer, por primera vez, en el hemiciclo. El portavoz parlamentario popular, Pedro Puy, confesó una voluntad autoimpuesta —extremo reconocido por él mismo— para proteger la consolidación de Abanca y la devolución de lo estafado a los preferentistas. «Es cierto que hubo una decisión de enfriar el debate, cuyo responsable soy yo, y si tengo que pedir disculpas también soy yo. Hasta el presidente me tiene regañado por tardar en presentar las conclusiones», apuntó el diputado del PP, para detallar la conveniencia de reabrir la investigación.

El texto impulsado por el grupo mayoritario recibió el apoyo del BNG, aunque lo cierto es que PSdeG y En Marea dejaron patente su intención de ahondar «en todo» lo relacionado con aquella operación, llamada a transformar el mapa financiero de Galicia. El texto alternativo reclamaba indagar en las causas de «transformación» de las entidades en una «institución bancaria de carácter privado» y fijaba un plazo para la presentación de conclusiones de seis meses; aunque no fue aceptado.

El PP quiere retomar la comisión cerrada en falso hace tres años, cuando comparecieron en sede parlamentaria los directivos, los conselleiros del ramo y representantes de los organismos de control, como el Banco de España. «Las comparecencias supusieron un hecho irrepetible que debemos valorar», precisó Puy, que reivindicó que Abanca «pudiera salir sin ruido» al mercado, y con ello contribuir con «un gran servicio» al país. La oposición lamentó que, años después, la responsabilida penal del proceso no llevara a ninguno de aquellos gestores «a la cárcel», como criticó la nacionalista Ana Pontón.

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