Protesta de los funcionarios gallegos de Justicia
Protesta de los funcionarios gallegos de Justicia - EFE

El fin de la huelga en la Justicia gallega costará más de 300 euros al mes por funcionario

Los sindicatos interrumpen una protesta que colocará a los trabajadores como los cuarto mejor pagados de España

SantiagoActualizado:

La huelga en la Justicia gallega hace tiempo que estaba abocada a su final. Y ese final ha ocurrido hoy. A la parálisis en los juzgados solo faltaba ponerle una fecha, una hoja en el calendario, para certificar el portazo a una reivindación nacida entorno a una supuesta «discriminación» salarial de 2.700 funcionarios. Ese fue el inicio, la mecha que prendió el conflicto, pero en sus tres meses de vida se ha producido de todo: el bloqueo de un servicio esencial, enfrentamientos entre sindicatos, y una decena de ofertas al alza formuladas por la Xunta, por poner algunos ejemplos. Un enredo mayúsculo, en fin, que finaliza con una cifra paupérrima de apoyo entre los trabajadores. Apenas un 3% ha secundado hoy los paros, y en provincias como Orense la cifra se ha instalado en el 1%.

Ahora solo queda escribir el epílogo de la protesta. Los cuatro sindicatos que todavía mantenían con vida el comité de huelga (SPJ-USO, CIG, CUT y STAJ) han acordado este lunes la interrupción de todas las movilizaciones, y han instado al Gobierno gallego a convocar una negociación «a la mayor brevedad».

La Xunta, sin embargo, viene anunciando desde tiempo atrás que no propondrá nada más que lo que ya estaba encima de la mesa, como un aumento salarial que, llegado el año 2020, colocaría a sus funcionarios de la Justicia como los cuartos mejor pagados de España. En virtud de esa oferta, la administración incrementaría el complemento salarial autonómico en 140 euros al mes para los médicos forenses, 133 para los gestores, 127 para tramitadores y 122 para los cuerpos de auxilio; minutas, todas ellas, a las que habría que añadir las subidas pactadas en Madrid para todos los funcionarios del Estado, y que también tendría que abonar la Xunta. Al final, la 'factura' de la huelga le saldrá a las arcas de Galicia por una cifra que rondará de media los 300 euros al mes por trabajador, incluso más, dependiento de los porcentajes aplicados por Hacienda y el rumbo de la economía, precisan fuentes de la Consellería de Vicepresidencia.

La salida al callejón

Para algunos sindicatos, como Comisiones Obreras, este es «el mejor acuerdo posible». No hay margen para más, constatada la negativa del Gobierno de Feijóo a poner más dinero, y especialmente después de que los representantes de los trabajadores se enfrentaran agriamente en varias ocasiones.

En las asambleas convocadas para el 18 de abril, los funcionarios estaban llamados a validar el acuerdo sellado entre la Xunta y las organizaciones más moderadas (CC.OO, UGT, CSIF y SPJ-USO), pero el boicot perpetrado por otras tres centrales (CIG, CUT y STAJ) coaccionó de tal forma las votaciones que el conflicto se alargó, por apenas 90 votos de diferencia, hasta hoy. Aquella jornada se produjeron insultos entre compañeros, altercados y hasta la intervención de las fuerzas policiales, para triunfo de unos sindicatos que después no supieron hallar otra salida que la de suspender la huelga. Los demás, excepto USO, hace días que se desentendieron y abandonaron el comité.

El diálogo ahora estriba sobre dos puntos. Despejado el debate sobre los salarios, los huelguistas invocan una cláusula de revisión por la cual siempre mantendrían su posición retributiva en la tabla por comunidades. Es decir: si en 2020 los gallegos son los cuartos mejor pagados del país, la Xunta tendría que blindar ese puesto de forma automática y para siempre. Además, los sindicatos piden recuperar el 100% del dinero perdido durante los paros, y que los planes de retorno al trabajo se ciñan única y exclusivamente a los funcionarios que secundaron las protestas. La respuesta del Gobierno es la previsible: ni una cosa ni la otra. Ni Galicia es la cuarta economía de España como para garantizar ese privilegio, ni discriminar al resto de trabajadores es legal.

De momento, fuentes del Gobierno gallego aseguran que no se programará ninguna reunión mientras el comité no deje de retorcer el lenguaje y aclare qué significado real tiene la suspensión, dado que lo habitual en una huelga es convocarla y desconvocarla, sin medianías.

Y mientras se va retomando la normalidad, en las oficinas de los juzgados esperan miles de juicios por resolver. Los representantes sindicales cifran en 25.000 las vistas que tuvieron que suspenderse desde que se activaron las primeras movilizaciones, allá por el pasado octubre; aunque la Xunta, no obstante, rechaza de plano la cifra. Atrás queda un reguero de retrasos e indignación entre ciudadanos que, en algunas ocasiones, veían cómo reclamar una fe de vida o un certificado de defunción en una ventanilla se convertía en una odisea.