Ximo Puig impulsa la agencia tributaria propia y pide un canal para emitir TV3 en la Comunidad Valenciana

En plena efervescencia del desafío soberanista catalán, el Gobierno que preside Ximo Puig se ha marcado entre los objetivos prioritarios para 2016 la creación del embrión de una agencia tributaria propia y la solicitud de un segundo múltiplex de TDT de ámbito autonómico para que las televisiones públicas de Cataluña, Baleares y Aragón puedan sintonizarse en la Comunidad Valenciana dentro de un acuerdo de reciprocidad con Radio Televisión Valenciana. Aunque el Ejecutivo autonómico sigue sin poner plazos para la reapertura de Canal 9, ha optado por nombrar a propuesta de los partidos firmantes del Pacto del Botánico (PSPV, Compromís y Podemos) cinco representantes para el proceso de transición y las posibles emisiones en pruebas hasta que se apruebe la nueva ley que permita restablecer el servicio público de radio y televisión.

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El Consell quiere reservar el múltiplex del que dispone para las futuras emisiones de RTVV y las televisiones privadas, mientras que el segundo se destinaría a los acuerdos de «reciprocidad» con autonomías vecinas, entre las que no se incluye a Castilla-La Mancha.

Estas iniciativas forman parte del parque de ochenta medidas acordadas por el Consell durante su estancia de fin de semana en la localidad de Morella, que se solapó con el acuerdo in extremis de Junts pel Si y la CUP para investir como presidente del Gobierno catalán a Carles Puigdemont.

Soberanismo catalán

Pese a la discrepancias internas entre PSOE y Compromís respecto a las recetas para la resolución del conflicto catalán, el jefe del Consell, Ximo Puig, evitó entrar ayer en el fondo de la cuestión, aunque dejó claro que «lo que pasa en Cataluña nos importa a los valencianos pero nunca vamos a interferir en sus libres decisiones».

El líder del PSPV expresó su deseo de que el gobierno catalán y el Ejecutivo central inicien «un nuevo tiempo de diálogo» y que en los temas que conciernen también a la Comunidad Valenciana se pueda «salir del atasco», entre los que ha citado el Corredor Mediterráneo y una reforma constitucional «que garantice la singularidad de los territorios y la igualdad entre los ciudadanos».

Al respecto, admitió que lo que pasa en Cataluña «concierne» a la Comunidad Valenciana, sobre todo por su relación comercial, el ámbito cultural y «de vecindad» y «muchos» proyectos estratégicos fundamentales.

En cuanto a los aspectos culturales, el tripartito derogará esta semana la ley de Señas de Identidad del pueblo valenciano en el primer pleno de las Cortes del año. Una normativa aprobada por el PP en la anterior legislatura y que prohibía la concesión de subvenciones públicas a entidades que no respetan las señas consagradas en el Estatuto de Autonomía, como la denominación oficial de la Comunidad Valenciana y de la lengua valenciana.

Casi 1.400 millones en el aire

Los «ejercicios espirituales» del Consell no depararon grandes novedades respecto a los anuncios efectuados por el Ejecutivo en los últimos meses, aunque la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, sostuvo que «en los primeros seis meses nos hemos dedicado a atender lo urgente y ahora vamos a desarrollar una nueva página del Pacto del Botánico con lo importante».

Más allá de ofrecer una imagen de «cohesión» interna entre PSPV y Compromís tras los encontronazos por las acusaciones mutuas de «enchufismo» en la Administración y la tensión generada por el resultado de las elecciones generales –en las que Compromís-Podemos superó en votos al PSPV–, el Ejecutivo insistió en su discurso de reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica. De hecho, c onforme publicó ABC el pasado 24 de diciembre, la situación de ingobernabilidad en España deja en el aire la aprobación de un nuevo sistema y, con ello, los 1.350 millones de euros de ingresos que la Generalitat ha presupuestado para este ejercicio con la esperanza de obtener una mejoría en la financiación. De hecho, sin los cerca de 1.400 millones que quedan en el limbo muchas medidas avanzadas ayer no podrán sufragarse.

El Consell insistió ayer en su voluntad (avanzada en la última campaña electoral) de recurrir ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales del Estado al entender que perjudican los intereses de la Comunidad Valenciana y para reclamar la garantía de cobertura de los servicios básicos fundamentales en condiciones de igualdad.

Mientras, en materia fiscal, se reformará el sistema tributario valenciano (impuestos cedidos, tasas y porcentajes sobre los impuestos generales) para tener un sistema «eficiente y progresivo», y para ello se contará con una comisión de expertos que asesorará al Consell en el diseño de la nueva normativa. Este año, se pondrá en marcha el Instituto Valenciano de Administración Tributaria como embrión de la futura Agencia Tributaria.

Al respecto, este mes de enero se iniciará una campaña para que 800 contribuyentes que no declaran el Impuesto de Patrimonio lo hagan, dentro de un plan de choque contra el fraude.

Medidas sociales

En el terreno social se desarrollará una ley integral de transexualidad y otra de juventud, adolescencia e infancia, se modificará el procedimiento para reconocer las prestaciones de los dependientes y se pondrán en marcha oficinas de atención a migrantes.