Caso Taula
El exdirector de Turismo Valencia afirma que Alfonso Grau indicó que se contratara con la agencia del PP
José Salinas asegura que se pagó a Laterne por trabajos ya hechos y niega que mandara destruir documentación en las trituradoras
Si la fundación pagaba era porque se trataba de trabajos ya hechos . Esta es la tesis principal que el exdirector de Turismo Valencia José Salinas expuso este jueves durante su declaración ante el juez del caso Taula. Éste lo había citado como investigado en el marco de la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP después de solicitar a los responsables actuales de la entidad información contable sobre Laterne, la empresa que habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones con el objetivo de financiar la campaña electoral de los populares en 2007.
La respuesta fue la redacción de un informe en el que se exponía que no se ha podido encontrar documentación referida a estos contratos y que desde abril de 2015 se había llevado a cabo la destrucción de documentación mediante la compra de dos trituradoras de papel y mediante la contratación de una empresa .
También recogía testimonios de los trabajadores de Turismo Valencia, que suscribió un contrato de unos 600.000 euros con Laterne. Éstos no recordaban qué trabajos realizó la empresa para la fundación. Apuntaron, eso sí, a que las órdenes de pago de las facturas venían de José Salinas o de la subdirectora de administración y que se efectuaban cuando llegaban las facturas.
Salinas explicó que fue el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau -como presidente de la fundación- quien indicó que había que contratar con Laterne y que nunca hubo objeción alguna por los trabajos que realizó la agencia. Aun así, no aclaró del todo su papel porque no recuerda si firmó él los contratos, los cuales justificó en la promoción de la ciudad con motivo de la America's Cup y otra serie de eventos, además de un plan estratégico de turismo del que no ofreció demasiados detalles.
En cuanto a la destrucción de documentación, admitió que era posible que se hubiera eliminado la relativa a los hechos que se investigan. Negó, sin embargo, que fuera quien la ordenara porque tanto esta decision como la compra de las máquinas dependía del departamento de administración, en el que se encontraba Loles Edo.
Ella, por su parte, precisó durante su declaración judicial como testigo que antes del año 2015 había una pequeña trituradora en la empresa y posteriormente se compraron otras dos más grandes. Según ha comentado, los abogados de la Fundación recomendaron no destruir ninguna documentación contable de los años 2006 a 2009 por estar inmersa la entidad en un procedimiento judicial, pero no sabe si se obedeció.
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