El sumario del Caso Imelsa Marcos Benavent: «Contraté a 200 o 300 personas en Imelsa; la mayoría no iba por allí»

El exgerente desvela el mecanismo de los contratos ficticios en la empresa de la Diputación de Valencia

Marcos Benavent, en su declaración ante el juez en mayo de 2015
Marcos Benavent, en su declaración ante el juez en mayo de 2015 - ROBER SOLSONA

Trabajadores que cobraban de Imelsa (Impulso Económico y Local SA), pero que nunca acudieron a su puesto laboral. Ésta es la investigación que centra la pieza separada dentro de la macrocausa judicial del «Caso Taula» y en la que se encuentran imputadas un total de 28 personas, entre ellas el que fuera expresidente de la Diputación de Valencia (de la que dependía directamente la empresa pública), Alfonso Rus, y su jefe de gabinete y exalcalde de Genovés, Emilio Llopis.

El principal confidente de toda esta operación (y exgerente de Imelsa), Marcos Benavent, fue quien destapó las presuntas irregularidades y en sus declaraciones ante el juez se basa la investigación cuyo secreto levantó el magistrado Víctor Gómez el pasado viernes.

En el sumario consta esta comparecencia de junio de 2015 en la que Benavent, autobautizado como el «yonki del dinero», afirma que durante sus siete años al frente de Imelsa (de 2007 a 2014) contrató a «200 o 300 personas», la mayoría de las cuales «ni iba por allí». Igualmente, asegura que «todos los trabajadores de Imelsa eran enchufados» y que la empresa «nutría de empleados a muchos departamentos de la Diputación», como prensa de la Diputación, Protocolo, Presidencia, Turismo, Fundación Alfons el Magnànim, el Muvim, la Escuela de Capataces de Catarroja, así como las diferentes secretarias y secretarios de los diputados, además de la Sala Parpalló en la primera legislatura. Es decir, que cobraban de Imelsa pero no trabajaban allí.

Algunos de los que se encontraban en esta situación son el jugador del Olímpic de Xàtiva (club de fútbol presidido en esos momentos por Rus) y exconcejal del PP de Ontinyent, Miguel Ángel Mullor Doménech, o Salvador Tormo y Óscar Pavón Puertas, colaboradores de empresario y propietario de Engloba Grupo de Comunicación, José Adolfo Vedri (también imputado). En este sentido, la investigación considera tanto a la empresa Engloba como al Olimpic de Xàtiva «partícipes a título lucrativo» de los delitos de prevaricación, malversación y fraude en la contratación.

En cuanto a los procesos de contratación, Benavent señala que cumplen con la legalidad pero no respondían en ningún caso a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (de 77 folios) también incluye testimonios de trabajadores que admitieron que no acudían a su puesto de trabajo. Es el caso de José Estarlich, administrador de la Sociedad Spartaky Sinergias S.L., quien se muestra «arrepentido» de este tipo de actuaciones. Antes de ser administrador de Berceo (donde percibía 1.500 euros al mes), admite que estuvo tres meses cobrando un sueldo sin realizar ningún tipo de trabajo.

La UCO llama también la atención sobre las «desproporcionadas» indemnizaciones por despido que percibieron algunos trabajadores. Benavent admitió ante el juez que la política de la empresa era conceder la máxima (45 días) y que, durante su primer mes en el cargo, se encargó de despedir a 70 u 80 personas por el exceso de personal que había.

Los agentes ven desproporcionadas las indemnizaciones en ocho casos, entre los que destacan el del delegado sindical de UGT o el entonces teniente de alcalde en Vallada (Valencia). Las cantidades podían ascender hasta más de 72.000 euros.

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