Reunión del Consejo Rector de la nueva RTVV, en su primera reunión en Burjassot este jueves
Reunión del Consejo Rector de la nueva RTVV, en su primera reunión en Burjassot este jueves - MIKEL PONCE

RTVVLa Audiencia Nacional fija el juicio sobre el ERE de la televisión valenciana para el 11 de enero

El tribunal tendrá que decidir si declara nulos los despidos del antiguo ente a raíz de la demanda de CGT

VALENCIA Actualizado: Guardar
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La incertidumbre judicial que envuelve al proceso de reapertura de la nueva RTVV parece que dejará de existir en pocos meses. Al menos en parte. La Audiencia Nacional ya ha fijado fecha para el juicio sobre la demanda colectiva del sindicato CGT contra el expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción de todos los contratos de la plantilla de la anterior radiotelevisión. Será el próximo 11 de enero a las 9.00 horas, según ha podido confirmar ABC.

En manos de este tribunal se encuentra el futuro del nuevo ente después de que el Constitucional acabara desestimando el recurso presentado por más de cincuenta diputados socialistas en febrero de 2014 contra la ley de supresión de RTVV. La Audiencia Nacional decidió suspender temporalmente el juicio para esperarse a este pronunciamiento, con lo que ahora tiene vía libre.

Sería, por tanto, a finales de enero o principios de febrero cuando podría conocerse la sentencia.

CGT fue el único sindicato que votó en contra del acuerdo alcanzado con la empresa sobre el ERE de extinción de todos los contratos de la plantilla y presentó una demanda colectiva que ahora tiene que resolverse. Si el tribunal lo aceptara y declarara nulos los despidos, supondría readmitir a los 1.600 trabajadores y abonar los salarios de tramitación, con dramáticas consecuencias para el proceso de reapertura y un gran coste para la Generalitat de más de 100 millones de euros, que CGT eleva a entre 150 y 2o0 millones.

Además, también existe la posibilidad de que acabaran interponiéndose denuncias de aquellos que consideran que entre el antiguo ente y el que se pondrá en marcha ha habido una «sucesión de empresas».

Imagen de las instalaciones de la televisión valenciana
Imagen de las instalaciones de la televisión valenciana - MIKEL PONCE

Otra de las principales amenazas que planea ahora sobre todo este proceso es el recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de puesta en marcha de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) que podría presentar el Gobierno por «vulneración del principio de igualdad en la contratación de personal».

El Ejecutivo muestra sus discrepancias sobre varios artículos de la normativa: el 42 -relativo a cláusulas sociales y medioambientales en la contratación-, el 46 -sobre régimen de personal- y la disposición transitoria novena -que establece que en las contrataciones temporales se valorará como mérito diferenciado haber trabajado en la antigua RTVV, la antigüedad y que se hubiese accedido al puesto mediante proceso selectivo-. Aun así, el Consell de Ximo Puig se ha mostrado dispuesto a eliminar esta disposición transitoria con tal de evitar el recurso y poder reabrir a toda costa.

El Consejo Rector podrá contratar

Mientras tanto, este jueves el Consejo Rector ha mantenido su primera reunión en las instalaciones de Burjassot al obtener el permiso de los liquidadores para ocupar uno de los despachos. Durante el encuentro, el órgano ha aprobado apoderar al presidente de la entidad, Enrique Soriano, para suscribir contratos y convenios de menos de un millón de euros. En el caso de cuantías de entre uno y cinco millones, tendrá que contar con la aprobación previa del Consejo Rector. Para servicios de más de cinco millones, requerirá la autorización del Consell.

Otro de los acuerdos ha sido ingresar en la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómico (FORTA).

Por último, se ha debatido sobre la propuesta de contenidos del mandato marco previsto en la Ley del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. Es un documento que una vez se haya redactado se tiene que aprobar en las Cortes y plasmará los objetivos generales de este servicio público.

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