«¿Abogacía ‘low cost’? El cliente debe ir a lo bueno; lo barato puede salir caro»

Decana del Colegio de Abogados de Talavera de la Reina desde enero de 2014, Margarita Cerro (Talavera, 1967) es también la nueva presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha. Marga Cerro (así firma todos sus documentos) representa a 3.600 abogados adscritos a los seis colegios profesionales de la región.

—¿Llaman muchos abogados a la puerta de su despacho para quejarse?

—Hay unas quejas reiteradas: dignificación de la profesión, pago justo del turno de oficio y que a la Justicia se la dote de más medios, tanto personales como materiales, para que pueda ser más rápida.

—Sus compañeros de turno de oficio están que trinan porque se paga poco y mal.

—Tenemos unos baremos que se actualizan con el IPC, pero que no se revisan desde hace muchos años.

A día de hoy no pagamos IVA, está exento de ello. Pero ha habido una consulta de la Dirección General de Tributos que señala que a lo mejor tendremos que pagar IVA. Si eso ocurriese, tendría que ser el Estado el que corriese con el IVA, ya que es el que nos paga.

—¿Y qué se puede hacer?

—A través del Consejo General de la Abogacía Española, están trabajando para hablar con el Ministerio de Justicia y actualizar los baremos. Castilla-La Mancha forma parte de un territorio común, es decir, nuestros emolumentos los paga el Ministerio de Justicia, no los gobiernos regionales.

—¿No sería mejor tener transferidas las competencias?

—Yo creo que no, sinceramente. Tienes que hacer muy bien las transferencias para que realmente te cubran todos los gastos que suponen. Ya el Gobierno de Castilla-La Mancha constató que no era rentable. La solución no está en las transferencias, sino en que el Ministerio de Justicia, del que dependemos, invierta más en Justicia.

—¿Está de acuerdo con la abogacía ‘low cost’? Compañeros suyos dicen que los precios están por los suelos.

—No es cierto que esa abogacía sea tan ‘low cost’. En el fondo te cobran por otro tipo de cuestiones, que a lo mejor no te dejan claras. Y luego esas prácticas están reñidas con un mínimo de calidad. Si vas a pagar a una persona 150 euros por un procedimiento, dinero con el que no cubre ni lo que le cuesta el despacho y los materiales, ¿cómo crees que te va a atender?

—Por tanto, el cliente debe andarse con mucho ojo.

—Sin lugar a dudas. El cliente no debe buscar lo barato, sino lo bueno. En temas tan importantes como es la Justicia, que hablan de tus derechos y de defender tus intereses, hay que ir a lo bueno, no a lo barato. Lo barato te puede salir caro.

—Los jóvenes abogados dicen que, en general, se sienten desplazados en la profesión y en los colegios.

—En el Colegio de Abogados de Talavera no hay ese sentimiento. Cuando fui elegida decana, me puse en contacto con los jóvenes para crear y apoyar la asociación de jóvenes abogados de Talavera. En 2016, asistí al primer congreso de jóvenes abogados de Castilla-La Mancha, en Albacete, y los vi bastante reivindicativos con la profesión, no con los colegios ni con temas instituciones. Los jóvenes querrán lo mismo que queremos los demás, que la profesión funcione mejor y sea más fuerte. Pero yo creo que están contentos. Yo creo que los colegios y las agrupaciones de jóvenes letrados van de la mano en sus demandas.

—¿Se quejan muchos clientes de los abogados en Castilla-La Mancha?

—No hay tantas reclamaciones. Con el cúmulo de asuntos que hay, creo que las quejas formales que existen representan un porcentaje bastante pequeño. Hay que ahondar en la formación de nuestros abogados. Si la profesión tiene calidad, eso redunda en todo.

—La jueza Mercedes Alaya se cuestiona la independencia judicial, ¿considera usted que está amenazada?

—Cuando los jueces se cuestionan si existe la independencia, debe ser porque ellos piensasn que está en cuestión. Yo, ante todo, creo en la independencia de la Justicia y de los jueces. En cuanto no crea en la independencia de los jueces, se acabó mi confianza en la Justicia.

—La Policía Nacional detuvo al magistrado Fernando Presencia, juez decano de Talavera, después de no comparecer en tres ocasiones en su propio juzgado. ¿Qué opina?

—No tengo una opinión sobre él. Solo sé una cosa: ¡En los juzgados de Talavera no hay corrupción!

—¿Qué tal se concilia la vida familiar y la profesional?

—Muy bien porque quieres, no porque haya ayudas. En España estamos muy a la cola. Se van dando pasitos, pero se concilia poco. Lo bueno en mi caso es que mi profesión me permite acoplar mis horas de trabajo como yo quiero con mi trabajo, con lo cual concilio conmigo misma.

—Seis mujeres murieron por violencia machista en el primer mes de 2017.

—Hay que denunciar. La violencia de género sobre la mujer no termina si no se denuncia. Todos los casos deberían estar denunciados. La mujer tiene que pensar que esa denuncia es el principio de la salida de la violencia de género, el primer paso para salir de ella. Que piense que a través de su denuncia le vamos a apoyar todos los estamentos, y que se sienta acompañada. Pero si ella no denuncia, no sabemos que existen esos casos de violencia de género y nunca se podrá salir de ella.

—Personas con discapacidad física, sensorial, intelectual o con enfermedades mentales se quejan de trabas para buscar un abogado que les defienda. ¿Es así?

—En los colegios existen apoyos y puede haber turnos especiales para ese colectivo. También depende de la dependencia y discapacidad que tengan, porque no es lo mismo una persona ciega que una sorda. Pero los abogados no podemos saber ni tener de todo, no podemos conocer el lenguaje de signos. La Administracion de Justicia es la que debe facilitar medios al justiciable más que el abogado.

—¿Es usted partidaria de cambiar la terminología procesal, muy técnica, por un lenguaje sencillo y directo?

—Cada vez lo hacemos un poco más entendible, aunque a lo mejor hay que explicar más las cosas. Sin embargo, hay tecnicismos que son la base del fundamento, por ejemplo, del Derecho Civil. Hay expresiones que se pueden cambiar para que el justiciable lo entienda o personas que vayan al juicio sepan de qué hablamos, pero hay cuestiones que están en la base de nuestro Derecho Civil en la que no podemos cambiar esa fundamentación. Nuestros informes están pensados para que nos escuche un juez, que tiene una formación jurídica como nosotros.