El magistrado Fernando Presencia, detenido por orden de su sustituta

La Policía Nacional detuvo este miércoles al magistrado Fernando Presencia, juez decano de Talavera de la Reina, después de no comparecer en tres ocasiones en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de esa ciudad. Es el mismo juzgado del que fue titular hasta que, a mediados del pasado año, fue apartado por una condena que tiene recurrida ante el Tribunal Supremo.

Pero no es la primera vez que Presencia tiene que ser detenido por la Policía Nacional para comparecer ante la Justicia. El 5 de mayo de 2016, fue escoltado a un juzgado de guardia de Talavera para citarle a un juicio contra él después de haber intentado, sin éxito, avisarle en cuatro ocasiones en su domicilio.

De ese pleito salió con una condena de 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

El arresto de este miércoles fue ordenado el día antes por la sustituta de Presencia en el juzgado, María Soledad Losana. La juez le dejó en libertad tras acogerse Presencia a su derecho a no declarar dentro de unas diligencias previas abiertas contra él por una denuncia del fiscal del coordinador de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz.

El fiscal, quien declinó hacer declaraciones a ABC, acusa al juez de los delitos de injurias y calumnias, denuncia falsa y fraude procesal. «La querella se debe a acusaciones falsas de Presencia en medios de comunicación, a una querella suya ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que fue desestimada y por escritos ante el Consejo General del Poder Judicial, además de abusar del derecho de todos a plantear denuncias», explicó Javier González de Rivera, abogado de Ángel Demetrio de la Cruz.

Presencia  fue citado por la juez para comparecer el 29 de noviembre, 21 de diciembre y 31 de enero. Sin embargo, no se presentó ningún día. Tras la tercera falta de asistencia, Losana dictó la orden de busca y captura.

Una vez detenido este miércoles por la Policía Nacional para ponerlo a disposición judicial, Presencia presentó sobre las dos de la tarde un habeas corpus por «detención ilegal» (una medida excepcional por la que alguien pide someterse inmediatamente ante un juez para que determine sobre la legalidad del arresto). Ya delante de la juez María Soledad Losana y con la asistencia de un letrado, Presencia se acogió a su derecho a no declarar y fue puesto en libertad, según González de Rivera.

«Como abogado y participante en la Administración de Justicia, he sentido cierto bochorno porque un señor que ha ostentado las responsabilidades de magistrado haya tenido que ser detenido para llevarlo ante una juez», afirmó a ABC el abogado del fiscal. «¿Cómo se le ocurre a un técnico jurídico plantear un habeas corpus cuando un juez ha ordenado su detención y, por tanto, ya está bajo la autoridad de juez? Es una barbaridad jurídica», se lamentó González de Rivera.

Antes de ser detenido, Presencia se puso en contacto con medios de comunicación para anunciar su arresto. «Esta orden de detención es totalmente irregular y es la consecuencia de que yo haya denunciado numerosos casos de corrupción urbanística (...) La detención no debería producirse de ninguna de las maneras y vulnera la Ley Orgánica del Poder Judicial»», dijo a «El Mundo». «Me parece sorprendente que alguien que va a ser detenido anuncie su arresto horas antes mediante wasaps o correos electrónicos», criticó el abogado del fiscal.

El destierro

Presencia llegó a Talavera después de que el Consejo General del Poder Judicial le sancionase, en mayo de 2012, con un año de traslado forzoso. Era el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia y se le impuso ese destierro por haber impartido unos cursos de formación incompatibles con su función de juez.

Desde que está en Talavera, Presencia ha denunciado a numerosos miembros de la carrera judicial y fiscal de Castilla-La Mancha, incluso al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región, Vicente Manuel Rouco. Sin embargo, el juez decano fue condenado el pasado mayo a diez años de inhabilitación y a una multa de 3.600 euros por un delito de prevaricación en un supuesto atropello. En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Castilla-La Mancha acreditó que Presencia favoreció al imputado en el procedimiento, con el que mantenía una «estrecha amistad» a la vista de las declaraciones practicadas en el juicio. El fallo fue recurrido por Presencia ante el Tribunal Supremo, que todavía no ha resuelto.