El Tribunal de Cuentas, más cerca de exigir a Mas 5,1 millones por el 9-N

Cuando las asociaciones Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución denunciaron ante el Tribunal de Cuentas la existencia de una posible responsabilidad contable por parte de los organizadores de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, muy pocos acertaron a ver que se había abierto una de las vías más certeras y eficaces en el intento de atajar el proceso soberanista.

Junto a la vía penal, que ya ha comportado la inhabilitación para el ejercicio de cargo público del expresidente de la Generalitat Artur Mas y de tres de sus exconsejeros -Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega-, la reclamación patrimonial en concepto de posible responsabilidad contable por actos derivados del «proceso» está generando una honda preocupación entre los políticos independentistas con responsabilidades públicas.

De hecho, en medios políticos no se explica de otra forma la última crisis en el seno de la Generalitat, con la salida de consejeros que de manera abierta habrían manifestado su inquietud por tener que afrontar con su patrimonio posibles responsabilidades.

5,12 millones

Este temor se hizo ayer un poco más presente después de la decisión de la sección II de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de solicitar el nombramiento de un delegado instructor para determinar si los cuatro políticos ya condenados por el 9-N deben afrontar también la restitución de 5,12 millones de euros por los gastos derivados de la consulta de 2014. Fuentes consultadas por ABC aseguran que aunque el nombramiento del instructor no se produzca hasta primeros de septiembre -si es que antes de concluir el mes de julio no se produce una reunión de la Comisión de Gobierno-, es posible que las diligencias estén terminadas antes del 1 de octubre, cuando la Generalitat pretende celebrar un referéndum de indepedencia.

Así las cosas, y si el instructor determina que hay base para afianzar la investigación, entre otras medidas estaría obigado a requerir a los presuntos responsables que depositen o afiancen la cantidad por la que están siendo investigados, lo que habitualmente se hace mediante un depósito bancario o propiedades inmobiliarias. Si ello se produjese en los días anteriores al 1 de octubre, el aviso sería más que claro, señalan medios políticos.

Antes de que eso suceda, y además de desestimar en un auto el recurso presentado por la Generalitat, el Tribunal de Cuentas emitió ayer otro en el que señala que se identifican «de manera suficientemente precisa unos hechos de los que pudiera haber derivado un daño a fondos públicos generados de responsabilidad contable». Pese a que los cuatro investigados ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar la consulta de 2014, el Tribunal de Cuentas deberá dilucidar ahora si hay responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.

En concreto, se denuncian los presuntos daños causados en los caudales públicos por los siguientes pagos para llevar a cabo el llamado «proceso de participación ciudadana» de 2014: 14.837 euros para la construcción y publicación de una página web institucional; 70.532 euros para transporte y material para la votación; 2,8 millones para la adquisición de ordenadores portátiles; 828.735 euros para publicidad institucional; 1,4 millones para la póliza de seguros para los voluntarios; 1,1 millones para labores de apoyo informático y 307.962 euros para el envío de información. En total 5,12 millones que deberían afrontar, se sobreentiende que a partes iguales, los cuatro investigados.

Connivencia o negligencia

En paralelo, y según ha podido saber ABC, SCC y los Abogados Catalanes por la Constitución presentan hoy un escrito ante el Tribunal de Cuentas ampliando la denuncia para aclarar el grado de implicación de los interventores, a los que la Generalitat, en su intento de exculpar a Mas y a los tres exconsejeros, señaló en su escrito de alegaciones que habían aprobado el gasto de los distintos departamentos. A criterio de los denunciantes, debe aclararse si por connivencia o negligencia estos funcionarios aprobaron dichas partidas.

Fuentes de SCC señalaron a este diario que, frente a la estrategia procesal de la Generalitat de mancomunar la responsabilidad, y siendo conscientes de que los funcionarios son el eslabón más débil, mantienen la idea de dirigir la demanda solo contra los miembros del Govern. Pese a ello, y ante las semanas decisivas que se avecinan antes del 1-0, deben determinarse todas las responsabilidades, sostienen.

A falta de ver cómo acaba la instrucción, lo cierto es que la misma ya está produciendo efectos constatables. El exconsejero de Empresa Jordi Baiget fue precisamente fulminado cuando en una entrevista en «El Punt» expresó sus temores por las consecuencias del proceso. «¿Ir a prisión? Lo aguantaría. Pero no que vayan contra mi patrimonio», dijo. El cese de Baiget precipitó una crisis de gobierno en forma de depuración que acabó con la salida de otros tres consejeros, del director de los Mossos y del servicio 112.

Tras conocerse ayer el paso dado por el Tribunal de Cuentas, y el anuncio del Fiscal General del Estado de que se investigará la compra de urnas, aunque se haga en secreto, la respuesta de la Generalitat fue la previsible. El consejero de Presidencia y portavoz, Jordi Turull, acusó al Gobierno de echar «gasolina al fuego», pero avisó de que la reivindicación del referéndum independentista es un «tsunami democrático» y el agua «no se puede frenar». Turull, en un almuerzo informativo junto con el exlehendakari Juan José Ibarretxe, avisó: «Si se piensan que por 5 millones, que toca menos de un euro por catalán, frenaremos la independencia, es para echarse a reír».