Motines, insalubridad, maltratos, fugas... los problemas de los siete CIE de España

Barcelona

El CIE de Barcelona, situado en el polígono industrial de la Zona Franca, fue inaugurado en 2006 y está ubicado en el complejo de la Policía Nacional de esta área en sustitución del antiguo CIE de La Verneda. Según Efe, a lo largo de 2015 albergó 738 internos, de los que 437 contaban con antecedentes penales. A finales del pasado octubre fue clausurado después de que una resolución judicial alertara de que el estado de las instalaciones no cumplían con la normativa vigente. Uno de los argumentos en los que se articulaba la decisión era la falta de aseos en las celdas.

Tras varios meses de obras para acondicionar el recinto, el Gobierno de Ada Colau ordenó el cese de su actividad el pasado día 7, cuando estaba prevista la reapertura. Colau se basó en la falta de licencia del centro para operar como residencia para un colectivo de personas, algo que la Delegación del Gobierno en Cataluña desoyó alegando los CIE no están incluidos entre las actividades ambientales sometidas a licencia. El presupuesto de las obras fue de 354.603 euros y supusieron la instalación de aseos en las 46 habitaciones del CIE, medidas de seguridad en las literas, modificación del espacio para los servicios médicos y construcción de un muro exterior.

Por otro lado, inspectores del Ayuntamiento denunciaron que la Policía impidió este martes que accedieran al recinto para comprobar su estado sin dar explicaciones.

En el CIE de la Zona Franca han muerto un total de tres personas en 2010, 2012 y 2013, respectivamente. Varias entidades que luchan por el cierre de estos centros lo han denunciado como uno de los más opacos de todo el país y reclaman, entre otras cosas, que se habilite un espacio de servicios médicos. El primero de los internos fallecidos, un marroquí de 22 años, tenía problemas psicológicos y físicos. El segundo, un guineano de 21, sufrió un paro cardíaco, aunque varias agrupaciones sociales denunciaron un caso de negligencia al no haber solicitado los agentes atención médica en el momento oportuno. Respecto al tercero, un ciudadano armenio, la policía reportó un suicidio, algo que pusieron en duda estas y otras entidades y apuntaron a un posible caso de violencia policial.

Madrid

El Centro de Internamiento de Extranjeros fue ordenado construir por el Gobierno de José María Aznar, aunque hasta 2005 no abrió sus puertas. Ese mismo día, cinco internos se escaparon. Ubicado en la avenida de los Poblados, en la zona de Aluche y junto al solar que ocupaba la cárcel de Carabanchel, cuenta con 120 plazas. Comparte complejo con la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación. El nivel de ocupación es fluctuante, aunque es el más lleno de España.

Su día a día ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos, aunque hay voces contradictorias al respecto. Son recurrentes las reyertas, se han producido algunos motines y los episodos negativos más comunes son las fugas. En otoño de 2014, hubo que instalar redes especiales para que a los internos no les lanzaran objetos desde el exterior con los que romper los barrotes. Los sindicatos policiales también han criticado en repetidas ocasiones sus condiciones de trabajo, apenadas por el mal diseño del complejo. Eso sí, niegan malos tratos a los internos.

Pero el problema de fondo es la legislación sobre el supuesto limbo jurídico en que se encuentran los «sin papeles» destinados a estos ocho centros repartidos por España, cinco de ellos en la Península.

Canarias

En Canarias, una de las regiones más afectadas por la inmigración ilegal, buscan controlar el flujo de personas procedentes de Senegal o Mauritania y el número de ilegales retenidos. Este lunes, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas ha pedido el cierre del CIE de Gran Canaria ante las deficiencias de sus instalaciones y el «incumplimiento sistemático» del reglamento para su funcionamiento, informa José L. Jiménez. Este grupo de interés señala que, desde julio de 2015, ha estado informando a la Delegación del Gobierno en Canarias, responsable de la gestión de este centro, de esos incumplimientos del reglamento de 2014, que incorporaba una serie de derechos y garantías que no se están respetando.

En la capital grancanaria, Podemos y el alcalde, Augusto Hidalgo (PSOE), se han posicionado en contra de los CIE. Los internos denuncian que siguen sin tener acceso a una asistencia sanitaria pública permanente. Tampoco cuentan con profesionales de trabajo social que los puedan asesorar en sus derechos básicos, ni servicios de asesoría jurídica, según han indicado desde el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas a ABC.

El Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, responsable de la tutela jurídica de este CIE Barannco Seco, ha informado y denunciado públicamente esta «vulneración de los derechos básicos» de las personas y que el propio Ministerio del Interior ha reconocido que incumple el reglamento por «las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige».

El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas añade que forma parte del movimiento social Canarias Libre de CIEs y ante la situación del de Barranco Seco y la «nula voluntad política» para cambiar la situación, considera que tanto en Canarias como en el resto de España hay razones para el cierre de estos centros, como así también lo ha manifestado el Consejo General de los Trabajadores Sociales.

En Fuerteventura, uno de sus antiguos usuarios es Alhagie Yerro Gai. Sentencia: « Venir a España dependió de mis decisiones, eso no me da miedo. Pero que me llevasen al CIE, que me devolviesen a mi país, no dependía de mis decisiones. Eso sí que me da miedo». Ya ha hecho carrera en España. Y tiene su propia película en las redes sociales acerca de su experiencia. Así, ha relatado al Parlamento Europeo su historia.

Valencia

El Centro de Internamiento de Extranjeros de Valencia está integrado en la comisaría de Zapadores, a escasos kilómetros del centro de la ciudad. Las ONG calculan que en el centro de Zapadores hay unos 150 internos aproximadamente, la mayoría hombres, informa Alberto Caparrós.

El pasado mes de mayo, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, realizó una inspección ocular al centro para comprobar que se habían «subsanado» deficiencias en materia de salubridad, como una plaga de chinches detectada el pasado verano. De hecho, en julio de 2015 se cerró temporalmente el centro para realizar unas reformas para «mejorar sus condiciones y hacerlo más confortable», de acuerdo con la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Con todo, el concejal de València en Comú, la marca blanca de Podemos en la ciudad, Roberto Jaramillo ha aplaudido la decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de denegar la licencia municipal al CIE de la ciudad condal, aunque ha matizado que la situación en ambas ciudades no resulta homologable. No obstante, el Ayuntamiento está preparando un informe que «desde el punto de vista jurídico sea impecable y nos dé la base legal para su cierre».

El principal conflicto en el CIE de Zapadores se produjo el pasado mes de septiembre, cuando unos sesenta internos protagonizaron un intento de fuga, que fue abortado por la Policía Nacional.

Murcia

El centro de Sangonera La Verde fue reabierto en junio de 2010 tras una reforma, aunque su actividad data de 1993. Cuenta con 148 plazas para extranjeros, y se cuentra a poco más de un kilómetro del municipio.

En su historial se cuentan las fugas. La más grave tuvo lugar 2012 cuando 25 argelinos lograron huir tras golpear a los guardias. El episodio se volvió a repetir en el verano de 2013 y en aquella ocasión diez internos aprovecharon su horario de visitas para saltar la valla y escapar. En 2015, ocho argelinos lograron escapar a través de un agujero en la valla.

Además, un mes después, se produjo un motín en el que aproximadamente 40 internos se rebelaron contra los guardias en la sala común causando destrozos en el mobiliario y en las ventanas.

En lo relativo a la asistencia, en abril de 2016, la Cruz Roja anunció que ofrecería asistencia social en todos los CIE de España, entre ellos el de Murcia; un proyecto que es fruto del convenio entre el Ministerio del Interior y la organización cuyo objetivo es «dar respuesta urgente a las necesidades planteadas por los internos».

La última polémica está relacionada con las denuncias de maltratos y vejaciones. Convivir sin Racismo ha presentado quejas en relación a «malos tratos y vejaciones, incomunicación con los abogados, indefensión, hacinamiento y negastas condiciones higiénicas», tal y como informó La Verdad de Murcia el pasado mes de junio.

Algeciras

La Piñera (Algeciras) dejó de ser una cárcel en 2004 para convertirse en un Centro de Internamiento de Extranjeros. El pasado mes de febrero el Sindicato Unificado de Policía denunció las condiciones del centro. Entre ellas, el CIE de La Piñera cuenta con dos patios de los que solo está operativo uno.

Este centro tiene capacidad para 190 internos, y es el único que está abierto en Andalucía. Entre sus problemas destacan sus deficiencias en salubridad . Durante el verano ha sufrido plagas de insectos o de piojos, tal y como ocurrió como en 2013. Este sindicato también ha denunciado la falta de intimidad de los agentes cuyos vestuarios no tienen cortinas, y además dan a la calle.

La falta de personal es otro de los problemas que también denuncian desde los sindicatos policiales; lo que impide el correcto desarrollo de las funciones de los agentes de seguridad. Hace apenas un año, en julio de 2015, 50 inmigrantes huyeron del centro.