Mariano Rajoy durante el pleno en el Congreso de los Diputados para elegir Mesa del Congreso
Mariano Rajoy durante el pleno en el Congreso de los Diputados para elegir Mesa del Congreso - Ernesto Agudo
NUNCA MÁS ALLÁ DE AGOSTO

Moncloa mira ahora al 10 y 12 de agosto como alternativas

En el PP asumen que, «salvo sorpresa, es muy difícil que se llegue» a la investidura prevista para el 3 de agosto

Madrid Actualizado: Guardar
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Hay pocos responsables en Moncloa que no consideren muy precipitado manejar ya las fechas del 3 y 5 de agosto para convocar las dos votaciones de investidura. Por mucho que el Rey haya concentrado en tres días la ronda de consultas con los catorce representantes de los partidos, «salvo sorpresa, es muy difícil que se llegue», asumen en el PP. Aunque será decisión de la presidenta del Congreso marcar las fechas alternativas, algunos responsables del actual Gobierno ya han bloqueado en su agenda el día 9 de agosto para el discurso de investidura y el 10 y 12 para las consiguientes votaciones. Aunque, si la incertidumbre continúa, el resto del mes también sería óptimo, siempre que al final de esas negociaciones Rajoy consiga sumar los votosafirmativos de Ciudadanos y la abstención «responsable» del PSOE.

Cierto es que Rajoy fue quien eligió la primera semana como hipótesis de trabajo para la sesión parlamentaria en una suerte, según admite un destacado dirigente popular, «de estrategia de presión para que los partidos constitucionalistas fueran conscientes de la urgencia de tener un Gobierno». Ahora la falta de acuerdo ha dilatado ese plazo para conseguir la confianza de la Cámara.

Pero aun en la hipótesis de tener que pasar a la segunda semana de agosto, esas fechas todavía permitirían, apuntan en Moncloa, hacer los deberes económicos y políticos que aguardan a España: tener presupuestos antes de que acabe septiembre, para lo cual habrá que fijar un techo de gasto que permita a las Comunidades autónomas elaborar sus propias cuentas. También sería posible así, aunque frisando los límites, actualizar las pensiones como mínimo en un 0,25%, como se comprometió el Gobierno, y abordar la retribución de los empleados públicos, cuyo sueldo aumentó el año pasado en un 1%.

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