Curri Valenzuela
Así se ve en La Moncloa
Mucha preocupación en La Moncloa ante la posibilidad de que la deriva radical emprendida por los nacionalistas desemboque en violencia; y un escudo, el de la unanimidad de todos los demócratas, para hacer frente a cualquier desafío de manera firme pero tranquila. «Ya sabemos que hay mucha gente que quiere ver ya a Puigdemont detenido, pero el único que no puede perder la sangre fría ahora mismo es el Gobierno», resume el dilema que está viviendo Mariano Rajoy uno de sus principales colaboradores.
Para lograr esa unanimidad, el Ejecutivo es consciente de que se ha tenido que tragar sapos difíciles de digerir para su electorado. Como el de no aplicar el artículo 155 de la Constitución preventivamente para no enfrentarse a Pedro Sánchez; o el de esperar pacientemente a que éste se negara a apoyar al Gobierno hasta que la actuación de los nacionalistas en el Parlament le resultara inadmisible; o aceptar una comisión parlamentaria para reformar el Estado autonómico que todos saben que no va a valer para nada; o dejarnos sin foto de Rajoy, Sánchez y Albert Rivera poniendo en valor su frente común contra la ruptura de la unidad de España.
«Lo esencial es que los alcaldes del PSC no van a apoyar el referéndum y que de aquí al 1 de octubre el Partido Socialista va a decir sí a lo que haya que hacer. Luego, el día 2, ya veremos. Pero no perdamos de vista que el malo de esta película es Puigdemont», se afirma en La Moncloa. Es la tesis oficial. En el PP, con la lengua más suelta, recuerdan que Sánchez quiso ser investido presidente del Gobierno con los votos de los patrocinadores del referéndum y comentan que si éste ha terminado apoyándoles ha sido por la presión de su electorado en el resto de España, nada partidario de la secesión. Un ministro actual revela el comentario que le hizo el otro día un importante dirigente socialista de otros tiempos al analizar el desafío: «Menos mal -le dijo- que tenemos a Mariano Rajoy».
El precio más alto que el Gobierno ha tenido que pagar por la unanimidad de todos los poderes del Estado se ha abonado en el Tribunal Constitucional, ante el cual el Ejecutivo ha renunciado -por saber que no conseguiría la unanimidad de los magistrados- a aplicar la reforma del mismo aprobada por las Cortes cuando gobernaba por mayoría absoluta y ya se preveía lo que está pasando hoy. Rajoy y sus ministros podrían solicitar del alto tribunal que lleve a cabo actuaciones sancionadoras a quienes incumplen sus resoluciones. Por ejemplo, haber ordenado la detención de Puigdemont y Forcadell.
El mismo efecto puede conseguirse con las querellas presentadas por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Más lo que pueda venir en respuesta de los acontecimientos. Porque el Gobierno no descarta nada, como ya ha dicho Rajoy en público y también ante sus ministros en los dos consejos celebrados esta semana. Donde, como cuenta uno de los que allí se sientan, el más tranquilo de todos es él. «Ya ha vivido un amago de rescate, un cambio de Rey, un intento de que no gobernara a pesar de haber ganado las elecciones y ahora esto. Es un maestro cuando se trata de resistir».
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