Un juez del TSJ de Cataluña, amigo de un investigado por el caso del 3%, no vio indicios contra Gordó

El diputado y exconsejero de Justicia de la Generalitat Germà Gordó es para la Fiscalía Anticorrupción el «conseguidor» o «recaudador» de la trama delictiva destapada en la contratación pública que controlaba CDC. Dada su condición de aforado, el juez de El Vendrell que dirige el caso del 3% pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que valorara su competencia para investigarlo. En enero, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJC a la que correspondió el asunto rechazó la petición al considerar insuficientes los hechos expuestos.

En esa exposición razonada de 75 folios constan reuniones entre los empresarios investigados y detenidos, Gordó y el tesorero del partido Andreu Viloca, entre otros; invitaciones a cacerías y fútbol, comilonas, documentos intervenidos en las distintas fases de las pesquisas y, por supuesto, acreditación de concesiones de obras públicas y donaciones a fundaciones de CDC en una línea temporal clara.

«No cabe actuar»

El ponente de ese auto de 20 folios (11 de enero) en el que se recoge que «en este momento no cabe actuar contra el diputado» fue Enric Anglada, quien antes de que se pronunciara la Sala de Admisión pidió ser sustituido por otro compañero alegando su estrecha amistad con uno de los empresarios investigados y su mujer. Se trata del matrimonio formado por Josep Manel Bassols (directivo de la constructora Oproler) y Nuria Bassols, actualmente magistrada de la Sala Civil del TSJC y que fue nombrada directora de políticas de Transparencia de la Generalitat en 2013, cuando Gordó ya era consejero de Justicia.

El TSJ catalán, incomprensiblemente, no atendió la petición del magistrado, que hubo de pronunciarse sobre hechos en los que su amigo Bassols tiene un papel muy relevante, hasta el punto de que parte de la documentación aportada contra el diputado Gordó procede del registro de los ordenadores, la agenda, el mail y el teléfono del empresario cuando fue arrestado el 21 de octubre de 2015. De hecho, tras la negativa del Alto Tribunal catalán, la Guardia Civil le detuvo de nuevo el pasado 2 de febrero en el caso del 3% junto a otras dieciséis personas. Todas las que estaban en el punto de mira, salvo Gordó. Bassols preguntó a los agentes si el arresto estaba relacionado con su esposa.

Anticorrupción señala respecto a Gordó en la exposición rechazada que «no existe explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas interlocuciones y reuniones (algunas en la sede del partido y otras en la Generalitat) con los empresarios» implicados en la presunta financiación ilegal del partido.

Algunas de esas productivas citas están reflejadas en el correo electrónico de Bassols, quien ha combinado su faceta empresarial con cargos políticos en Convergencia. Fue alcalde de Anglès (Girona) y jefe de campaña de las municipales de Girona con Carles Puigdemont como candidato. En agosto de 2012 se convoca una reunión en la Generalitat a la que asistirá Gordó y otro empresario investigado. Hay constancia documental de más citas a las que se suma el tesorero Viloca e invitaciones del empresario a «Gregorio» y «Gerardo» (nombres en clave para dirigirse al aforado) para «ojeo de perdices» en Toledo y Ciudad Real.

Numerosos encuentros

El empresario agasaja a Gordó, ofreciéndole finales de partidos de fútbol con cotizadísimas entradas e invitaciones a cenas. Los encuentros se suceden y las concesiones también. Pero además esa relación con Gordó aparece incluso antes. En un pen drive de los intervenidos a Bassols, la Guardia Civil encontró un archivo de 13 de septiembre de 2011 revelador: una carta a Artur Mas en la que expone al presidente sus circunstancias y sobre todo las de su mujer, en ese momento magistrada del TSJC.

En la carta menciona a Gordó y a Ramón Camp, entonces vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CDC. Éste le habría remitido al primero a quien se refieren como «la persona ideal que resolvería la situación» de Nuria Bassols, «quemada» tras doce años en la Sala civil y Penal del TSJ. En esa misiva constan las gestiones que hizo Gordó «la única persona de CDC que ha respondido» para ayudar a la jueza a colocarse en una empresa pública. Al final tuvo que esperar hasta que el «querido Germà», como le llama, llegó a consejero. En noviembre de 2013 la jueza fue nombrada la directora de Transparencia.

Caso Adigsa

Poco antes, como magistrada del TSJC archivó el caso Adigsa, un presunto pago de comisiones de hasta el 20 por ciento en esa empresa de la Generalitat. De hecho, el denunciante Juan Antonio Salguero volvió a declarar el año pasado en el sumario del 3%. Acusa a Mas de pedirle a través de dos personas que no denunciara y a la jueza, encargada de la instrucción, de una actuación «irregular».

Dos años después, el 21 de octubre de 2015 cuando la Guardia Civil se disponía a registrar la casa del matrimonio Bassols tras detener a su marido, la magistrada se encaró con ellos e intentó impedirles la entrada: «Este auto de entrada y registro no está fundamentado. No vais a poder entrar en mi casa. Si queréis entrar, vais a tener que detenerme. Lo que queréis es joderme mi carrera política», les dijo.

El ponente del auto en el que se rechaza actuar de momento contra Gordó, Enric Anglada, ha tenido actuaciones fundamentales en otros casos de corrupción vinculados a Jordi Pujol (Banca Catalana) y a su hijo Oriol en el caso de las ITV. El juez esgrimió su amistad con los Bassols, pero su petición fue desatendida. En la ponencia, la Sala sugiere nuevas indagaciones, como pedir la agenda oficial del aforado. El juez de El Vendrell sigue acumulando indicios.