El juez aprecia indicios de «organización criminal» en la familia Pujol

Un hijo de Jordi Pujol -el poderoso político que presidió la Generalitat de Cataluña durante 23 años- durmió ayer en la cárcel madrileña de Soto del Real. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envió a prisión a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo primogénito de la familia, por blanquear dinero «hasta la actualidad» y colocar sus bienes fuera del alcance de la Justicia con «entramados societarios internacionales». El magistrado, que aprecia por primera vez indicios de «organización criminal» sobre la familia Pujol, califica en su auto la prisión de Jordi Pujol hijo como una medida «estrictamente necesaria». Es la primera prisión de un miembro del clan Pujol en cinco años de investigación.

El magistrado aceptó así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación popular de Podemos, quienes solicitaron la prisión incondicional tras interrogar a Pujol Ferrusola, sin que el pago de una fianza evite su encarcelamiento.

La decisión se precipitó por un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, que concluyó que Pujol Ferrusola, conocido como «Junior», ha ocultado 29,9 millones de euros mientras la Justicia le investiga por la fortuna sospechosa de su familia, desde finales de 2012. El objetivo es evitar que «Junior» entorpezca con estas prácticas la investigación.

Investigado desde 2012

El juez afirma, sin dejar lugar a la duda, que Jordi Pujol hijo «ha estado reiteradamente deshaciéndose de sus activos patrimoniales y financieros, y realizando toda clase de actividades para ocultarlos y ponerles fuera del alcance de los tribunales» desde el año 2012.

De la Mata reconoce que estas sospechas existen desde el 13 de febrero de 2016, cuando el juez le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, tras una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción no pidió prisión para «Junior». Han pasado 31 meses desde que Pujol Ferrusola -considerado por los investigadores el recaudador de las comisiones ilegales, y defendido por el clan Pujol como el gestor común de la herencia familiar- declaró por primera vez como imputado por esta causa en la Audiencia Nacional, el 12 de septiembre de 2014. Los focos de la justicia ya le apuntaban desde finales de 2012, cuando su exnovia le denunció a la Policía.

Entre sus argumentos, el juez añade que Jordi Pujol hijo «mantenía contactos con distintas personas, amigos o miembros de su familia, para orquestar versiones, armar coartadas y conseguir evitar la aportación de medios de prueba a la causa». De la Mata argumenta que las demás medidas cautelares -retirada del pasaporte, prohibición de salir de España- han sido «insuficientes» para controlarle. «Junior» dispone de testaferros que le han permitido tener cuentas bancarias en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina o Panamá.

Además, De la Mata explica que la investigación ha desvelado «pautas comunes de actuación», con diversos roles, en la familia Pujol Ferrusola, sobre la que «tenía capacidad para dar instrucciones» el propio «Junior». En su declaración ante el juez, Jordi Pujol hijo justificó que su dinero se esfume -la despatrimonialización intencionada, según los investigadores- por su mala habilidad para los negocios, según informaron fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio, salvo uno dedicado a la transformación del eucalipto en biocombustible, que sería el único rentable, según su versión.

Desde que finalizó la comparecencia hasta que el juez resolvió la petición de las acusaciones, «Junior» se quedó sin su teléfono móvil, que tuvo que entregar en el juzgado mientras aprovechaba para comer en los alrededores de la Audiencia Nacional, junto a sus abogados. Pujol Ferrusola, imputado en esta investigación por delitos fiscales y blanqueo de capitales, respondió en su comparecencia a todas las partes: a las acusaciones de Anticorrupción, la Abogacia del Estado y Podemos, a las defensas y al propio juez. De la Mata, un magistrado inquisitivo, preguntó poco en esta ocasión.

El informe de los investigadores cifra en 29,9 millones de euros los fondos que Pujol Ferrusola ha tratado de colocar lejos del alcance de la Justicia. Según la Udef, 9,45 millones de euros procederían de negocios jurídicos ficticios como donaciones o préstamos, «inexistentes en el fondo», cuyo único objetivo sería alzar los bienes. Además, 12,31 millones de euros se encontrarían en inversiones en el extranjero, no repatriadas a España y compartidas con socios en diferentes lugares, «gran parte de los mismos conexos con operativas de blanqueo de capitales», explica el informe, que añade otros 8,14 millones de plusvalías latentes. Los investigadores aseguran que esta cantidad es una cifra «como mínimo», que solo incluye 19 operaciones, «siendo conscientes de que hay indicios de existir muchas otras».

El informe policial que precipitó esta decisión explica que desde que comenzó esta investigación, en noviembre de 2012, Pujol Ferrusola y su exmujer han puesto en práctica «recurrentes conductas que tendrían como principal objeto sustraer capitales y patrimonio de la presumible acción de la justicia española». Los agentes señalan que Jordi Pujol hijo ha aprovechado «la internacionalización de los sistemas financieros» y la dificultad para rastrear los activos de tipo financiero para su plan evasor.

La investigación ha acreditado que Pujol Ferrusola cobró 11,53 millones de euros de empresas como FCC o EMTE supuestamente por trabajos de «asesoramiento, consultoría e intermediación». De la Mata asegura que no existe ningún indicio que «justifique» tales trabajos «para los que se simuló la contratación» de «Junior».

El magistrado ha dejado claro en numerosas ocasiones que no se cree la versión familiar, que justifica los fondos como un legado del abuelo Florenci pero no ha aportado ningún documento que lo acredite.