España

Las claves de una instrucción polémica

La investigación del caso Pujol sufrte un contratiempo añadido a su complejidad: la incorporación de una memoria USB con datos de procedencia incierta

El juez del caso Pujol, José de la Mata
El juez del caso Pujol, José de la Mata - ABC

La incorporación de una memoria USB ha supuesto un obstáculo más en la ya de por si compleja investigación a la familia Pujol, acorralados por la justicia por ocultar una fortuna en Andorra con fondos de origen sospechosos. Estas son algunas claves:

El caso BPA se entrecruza con el del clan Pujol

Banca Privada de Andorra habría sido utilizada por miembros del clan Pujol para blanquear, y documentación de esa entidad es clave para sostener la acusación contra la familia del ex presidente de la Generalitat. El comisario jubilado Villarejo, que trabajó en la DAO y está vinculado a la «policía patriótica», respalda ahora la querella del accionista mayoritario de BPA contra dos policías a los que acusa de coacciones en ese asunto.

El papel del comisario jubilado Villarejo

El respaldo del excomisario Villarejo a la querella presentada por el dueño de BPA, Higini Cierco, contra el comisario Marcelino Martín Blas y el agregado de Interior en Andorra es seguido con interés en diferentes ámbitos. El exagente, que siempre ha presumido de haber realizado grandes servicios para España, defiende así los intereses de una entidad que habrían utilizado los Pujol para blanquear.

Un pendrive anónimo aparece en escena

En medio de todo este maremágnum, aparece ahora un pendrive sobre el que se hace un informe que se presenta al juez De la Mata, que instruye el caso de los Pujol, a pesar de que nadie acredita la licitud de su origen. Es decir; se pretende introducir en el procedimiento una información que no se sabe exactamente de dónde ha salido. Sin duda, un magnífico argumento para que las defensas puedan montar una estrategia adecuada.

Un precedente: el caso del 3 por ciento

Las casualidades siempre son posibles, pero a veces pueden ser significativas. En una investigación que también afecta a la Generalitat de Cataluña, la que trata sobre el 3 por ciento que supuestamente cobraba el gobierno de esa comunidad por adjudicar obra pública, también se intentó, mediante dos intermediarios, introducir la información de un pendrive de origen desconocido. Aquella maniobra se abortó de raíz.

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