El 2017 juzgará la independencia y la corrupción de CiU

El pasado 27 de diciembre, a propósito de la detención del concejal de Vic (Barcelona) Joan Coma, de la CUP, la portavoz de la Generalitat, Neus Munté, cargaba de nuevo contra la «judicialización» del proceso secesionista catalán y acusaba al Estado de preparar un «vergonzante calendario judicial» en 2017 para el independentismo. Aludía Munté a los juicios contra cargos o excargos electos independentistas que han desafiado al Gobierno y a la justicia. Como el de Artur Mas por la consulta del 9-N.

No obstante, el calificativo de «vergonzante» también podría aplicarse a a casos de corrupción política que también orillarán este año en los tribunales y que tiene a la antigua CiU como protagonista. Como el caso Palau.

En relación al conflicto independentista, el principal juicio ya está señalado para el 1 de febrero de este año.

Será el que llevará al banquillo por desobediencia y prevaricación al expresidente Artur Mas y a las exconsejeras Irene Rigau y Joana Ortega por organizar la consulta secesionista del 9-N desoyendo la prohibición del Tribunal Constitucional. Fiscalía pide diez años de inhabilitación para Mas y nueve para las exconsejeras.

Pero la cosa no acaba aquí. En 2017 es previsible que concluyan las instrucciones y vayan juicio dos otros casos sonados relacionados con la desobediencia soberanista. Por un lado, el proceso a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, también acusada de desobediencia y prevaricación por hacer oídos sordos al TC y permitir tramitar las conclusiones rupturistas de de la comisón parlamentaria de estudio del proceo constituyente. Por otro, el previsible juicio –si no hay archivo– en la Audiencia Nacional contra el concejal en Vic de la CUP, Joan Coma, quien afronta la pena más alta entre los distintos procesados por la causa independentista. A Coma se le acusa de un delito de incitación a la sedición, lo que acarrea una pena de entre 2 a 8 años de cárcel.

También «en capilla» está el exconsejero de la Generalitat Francesc Homs, del PDeCAT, investigado por el 9-N por el Tribunal Supremo por su condición de aforado. El alto tribunal dio por cerrada esta semana la instrucción dell caso.

Financiación irregular

El año judicial en Cataluña arrancará primero con vistas a la corrupción. En enero se celebrará la vista por un caso de financiación irregular que salpica a Unió, un partido en fase de refundación, sino derribo, tras verse fuera del Congreso y del Parlament y en concurso de acreedores por una deuda de 22 millones de euros. Tras pactar en 2013 una sentencia de conformidad como partícipe a título lucrativo en el caso Pallerols, Unió afronta el caso contra Catalunya i Territori, la antigua fundación vinculada al partido. Fiscalía acusa a los antiguos responsables de esta fundaciónd e vaciar sus fondos y concluye que Unió se benefició de ello.

En marzo, un mes después del juicio a Mas por el 9-N, comenzarán dos macrojuicios con la antigua Convergència de incómodo protagonista. El caso Palau, en la que CDC está acusada de financiasre con hasta 6,6 millones de euros desviados del Palaud de la Música con la connivencia de sus antiguos máximos responsables. Félix Millet y Jordi Montull. Convergència, que vio embargada su sede por esta causa, deberá responder como partícipe a título lucrativo. Además, el fiscal pdie siete años y medio de cárcel para su antiguo tesorero, Daniel Osàcar.

En paralelo al caso Palau, pero en la Audiencia Nacional, también llegará a juicio en marzo la Operación Pretoria, una trama de corrupción urbanística con 11 procesados. Entre ellos, miembros del PSC, como el exdiputado Luis García o el exalcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, así como excargos de CDC de los gobiernos de Jordi Pujol: Macià Alavedra o Lluís Prenafeta.

La corrupció seguirá en el banquillo en mayo, con la vista por el caso Adigsa, el que destapó las comisiones del 3 por ciento por adjudicación de obras o servicios que también han aparecido en el caso Teyco, aún en instrucción. Varios excargos de la Generalitat de Pujol están acusados.

Finalmente, en octubre llegará a los tribunales el caso ACM. El expolio de la Asociación Catalana de Municipios a manos de quienes fueron sus máximos dirigentes, Josep Maria Matas y Xavier Solà, ambos vinculados a Convergència,