El Gobierno busca implicar a una mayoría en el diálogo en Cataluña

La vicepresidenta se reunió con representantes de la sociedad civil, el PSC y Ciudadanos, para tratar de forzar a la Generalitat a bajar la tensión

Barcelona Actualizado: Guardar
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Solución dialogada e implicación en la misma de todos los agentes de la sociedad catalana. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, comenzó ayer en Barcelona lo que ya se ha bautizado como «operación diálogo», una manera de definir el intento de encauzar el desafío secesionista en Cataluña, señalado desde el Ejecutivo como la carpeta prioritaria de esta legislatura. La agenda de la vicepresidenta en la capital catalana, estrenando su despacho personal en la sede de la Delegación del Gobierno, revela en buena parte la estrategia con la que el Ejecutivo afronta este proceso, convencidos de que sin la presión desde la base sobre la Generalitat –de partidos, de empresarios, de la sociedad civil...– para empujar al indepenentismo a bajar el tono y a la negociación, el diálogo con la Generalitat será infructuoso.

Para empezar, se sostiene desde el Gobierno, hay que conseguir que la Generalitat presidida por Carles Puigdemont se siente a hablar, algo por lo que se considera estratégico conseguir que éste acepte por ejemplo participar en la conferencia autonómica de enero.

Presión desde la base

Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron a ABC que la visita de la presidente Sáenz de Santamaría fue en extremo productiva, aunque solo el inicio de lo que quiere ser una presencia constante en la Comunidad. Como primera toma de contacto, la vicepresidenta comió primero con un grupo de empresarios, para reunirse después con los líderes del PSC, Miquel Iceta, y de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Fuentes conocedoras señalan que la agenda denota una clara estrategia, el intento de implicar al máximo número de agentes de la sociedad catalana en la «operación diálogo».

En el Gobierno se entiende que aunque el independentismo goza de un importante apoyo popular, los partidarios de una salida negociada, de evitar el choque de trenes, son amplísima mayoría, incluyendo en ella a buena parte de quienes no ven con malos ojos el proceso secesionista. La tesis es que sin la presión sobre la Generalitat de ese sector proclive a la negociación –con los empresarios, pero no solo ellos, en primer lugar–, la solución catalana a corto y medio plazo puede acabar desbocándose.

El papel de las organizaciones empresariales es clave, aunque es cierto que su ascendente sobre el gobierno de Puigdemont es mucho más pequeño que sobre el de Artur Mas, en el fondo un hombre de empresa que los acabó abandonando, a su criterio. Fomento del Trabajo o el Círculo de Economía han sido los mayores propagandistas de lo que se conoce como «tercera vía», una senda que ahora ven con más esperanza tras el giro dado por el Gobierno. Fuentes empresariales consultadas por este diario, la mayoría de las cuales siempre han sostenido que el «proceso soberanista» acabará entrando en una suerte de «cronificación», ven con esperanza el nuevo contexto, y valoran especialmente que sea la vicepresidenta Sáenz de Santamaría quien haya asumido esa carpeta.

«Posibilismo»

Así se expresaba ayer, por ejemplo, el profesor Antón Costas, presidente saliente del influyente Círculo de Economía y entusiasta defensor de un programa reformista en España que cree puede dar cauce al pleito catalán. «Por primera vez en muchos años el Gobierno, abre una vía de posibilismo», señalaba en una entrevista en TV3. Tras una anterior legislatura en el que el único diálogo entre la Generalitat y el Gobierno fue a través de los tribunales de Justicia y del Tribunal Constitucional, la empresa en Cataluña ve una ventana de oportundidad. «Esta legislatura, en principio con un gobierno débil, abre más posibilidades que las tres anteriores legislaturas», apuntó Costas.

«Hay que dar un poquito de tiempo, porque unos tienen que dar un pasito adelante y quizá otros un pasito hacia atrás», añadía el presidente del Círculo, que previno no obstante contra quienes creen ver en la reforma constitucional una solución milagrosa. «Quizá hay algunas pequeñas cosas que necesitan reforma constitucional, pero mi impresión es que la mayor parte de los problemas políticos se pueden solucionar sin reforma de la Carta Magna», apuntó.

La distensión que propicia la oferta de diálogo del Gobierno, más el perfil bajo adoptado ante los ayuntamientos que boicotearon el Día de la Constitución, puede engrasarse con la reunión, antes de acabar el año, entre Santamaría y el vicepresidente catalán Oriol Junqueras. A continuación, se anunciaría un nuevo plan para las maltrechas Cercanías de Barcelona, auténtico agujero negro del prestigio del Gobierno en Cataluña y recurrente bandera del independentismo. La vicepresidenta Santamaría, según fuentes del Gobierno, tiene claro que esa debe ser una prioridad si el Ejecutivo quiere ser creíble.

Esta es la base sobre la que el Gobierno trata de embarcar al máximo número de agentes de la sociedad catalana en su pretensión de contener el desafío independentista. Ahora mismo, el principal problema es el tiempo, pues el secesionimos pretende consumar su ruptura en otoño

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