El silencio del CGPJ paraliza el trabajo de la juez Alaya en el caso de los ERE

Durante los últimos dos meses el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido varias oportunidades para pronunciarse sobre el futuro del caso ERE y sobre la conveniencia de que siga siendo la juez Mercedes Alaya la que concluya una investigación que se remonta a un lustro. En definitiva, para ratificar (o no) el plan de trabajo aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Pero no lo ha hecho. Muy al contrario, la decisión que la semana pasada tomó el órgano de gobierno de los jueces, al devolver la pelota al TSJA para que elabore un nuevo informe sobre el plan de actuación en ese juzgado, está creando malestar en el tribunal superior andaluz, aunque desde el Consejo se insiste en que es lo que procede.

Fuentes de este tribunal no entienden que la inacción de Lesmes esté paralizando la actividad de un juzgado que tenía cercado al gobierno de la Junta de Andalucía. Los seis meses de la comisión de servicios de Alaya, que el propio CGPJ aprobó el pasado 26 de junio, no empezarán a contar hasta que el Consejo ratifique el plan de actuación del TSJ para ese juzgado. Mientras esto no suceda, la juez sevillana continuará en la misma situación en la que lleva los últimos meses: en su nueva plaza de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla sin poder practicar ninguna diligencia del caso ERE en el que era su juzgado.

Petición de Anticorrupción

Quien sí lo está haciendo es su sustituta, María Ángeles Núñez Bolaños, que a finales de julio accedió a la petición que Anticorrupción llevaba haciendo a Alaya durante los últimos meses, y dividió la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo en distintas piezas. El tiempo pasa y, con las generales a la vuelta de la esquina, pocos se atreven a aventurar cual será el futuro procesal de la que hasta ahora ha sido la mayor causa de corrupción de España en términos cuantitativos.

Las fuentes citadas no dudan de que era necesario dividir el caso ERE –«de lo contrario sería ingobernable», dicen–, pero aseguran que el CGPJ no tendría que haber dado lugar a que lo hiciera Bolaños, pues el reparto aprobado por el TSJA pasaba por que Alaya se ocupara de Mercasevilla y los ERE, y la nueva titular de las otras dos causas que también afectan a la «red clientelar» de la Junta de Andalucía: los cursos de formación y los avales a empresas. Bolaños no tiene intención de profundizar en estos dos procedimientos hasta que la Junta le asigne cuatro funcionarios. La decisión de despiezar el caso ERE estaba en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero Bolaños aprovechó ese limbo en el reparto de asuntos en su juzgado para acceder a la petición de la Fiscalía. Parece que no fue un brindis al sol: el plan de actuación aprobado por el TSJA dejaba a Alaya el caso de los ERE «hasta que se resuelva sobre su división en piezas separadas, reiterada por el Ministerio Fiscal y pendiente de respuesta judicial». Consumada esta división, el futuro de Alaya vuelve a estar en el aire.

El Consejo ha vuelto a «a ganar tiempo» y, coincidiendo con la apertura del año judicial, el pasado 8 de septiembre, pidió un nuevo informe al TSJA, en esta ocasión preguntando si la división de la causa afecta en algo al plan de actuación aprobado por la sala de gobierno del tribunal superior hace ya dos meses.

Este emplazamiento ha contribuido a aumentar la sensación de que el CGPJ no tiene prisa por resolver una controversia en la que las protagonistas de esta historia no han dudado en enseñar sus cartas. Núñez Bolaños, al pedir al TSJA que despojara a Alaya de todas las causas y la dejara solo con Mercasevilla (la pieza que dio origen a los ERE); y la propia Alaya al cuestionar la capacidad de Núñez Bolaños para hacerse cargo de ese juzgado. Lo hizo en un escrito dirigido al Consejo fechado en junio (pero conocido en julio) en el que recordaba que la magistrada nunca ha estado en la jurisdicción penal y que mantiene una relación de amistad con el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera.

Tan deterioradas están las relaciones entre las dos magistradas –aun antes de empezar a convivir en el mismo juzgado– que el propio TSJA es consciente de que en estas condiciones va a ser difícil que colaboren para sacar adelante este juzgado. La última palabra vuelve a tenerla el Consejo.