Garzón dice que asesoró al BPA porque tiene que ganarse la vida

Baltasar Garzón no cree que sea éticamente reprochable su asesoramiento a la entidad Banca Privada de Andorra (BPA) en el recurso para que una juez del principado levantara el bloqueo sobre los 200 millones de dólares que el multimillonario chavista venezolano Diego Salazar tenía depositados. Es más, insiste en que su bufete se limitó a redactar un «informe jurídico» para el gabinete jurídico de BPA, no para Salazar -aunque tampoco quiere desvelar el nombre del beneficiario- y recalca que Andorra no es un paraíso fiscal.

El asunto se convirtió ayer en el tema principal de la presentación de su último libro, «El fango», en el cual relata la corrupción de los últimos 40 años en España. ¿No cree que asesoramientos como el que hizo al banco andorrano BPA

, investigado por la Justicia estadounidense por blanqueo, contribuye al «fango» que denuncia? Garzón, condenado por prevaricación tras las escuchas del caso Gürtel, dijo a los presentes que, ya que el Tribunal Supremo le ha inhabilitado durante once años, con algo tiene que ganarse la vida; dicho lo cual, se centró más en presentarse como abanderado del «derecho de defensa», sea éste de un multimillonario, investigado por la justicia estadounidense por blanqueo de dinero en el BPA o el de los opositores al Gobierno de Nicolás Maduro, que va a ejercer Felipe González.

El exjuez mantiene que su bufete tiene «un código ético muy estricto» y «unos límites infranqueables». Y la prueba, recalcó, es que la juez acabó levantando el bloqueo sobre los 200 millones de dólares, que suele decretarse «cuando no hay indicios delictivos». «Trabajo de forma absolutamente transparente e impoluta», añadió en la presentación del libro.

«Grabaciones» policiales

Calificó de «falsa» la noticia publicada por ABC el pasado martes, pero sin desmentir el asesoramiento y señaló que lo único que hay contra él son unas «grabaciones» policiales de conversaciones de cargos del BPA investigados en la «operación Clotilde» sobre corrupción en Lloret de Mar, en las que, de pasada, hablan de que le iban a contratar para recuperar el dinero de Diego Salazar.

En su obra, el que fuera juez estrella de la Audiencia Nacional carga contra «la persecución de los jueces por el Partido Popular» -que le merece un epígrafe completo- y contra el Tribunal Supremo, especialmente contra el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Manuel Marchena, por su condena de inhabilitación.

Garzón cree que la corrupción es «sistémica» en España, pero eso está empezando a cambiar. En estos capítulos Garzón no cita expresamente a ningún cargo del PP excepto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, de quien recalca su papel de «permanente incógnita en todas las tramas y a quien cita la Fiscalía, pues dirigía el Gobierno que más contratos adjudicó a la trama corrupta».