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El expresidente de la Junta de Andalucía Jose Antonio Griñán llega al Supremo - Jaime García
caso ERE

Griñán se escuda en que no recibió ningún informe que le advirtiera de irregularidades

Dice que dimitió para no dañar la imagen de la Junta y del PSOE, no porque se sintiera responsable del fraude de los ERE

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El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha declarado este jueves ante el juez del caso ERE en el Supremo que no recibió ningún informe que le advirtiera de irregularidad alguna en el uso de las transferencias de financiación. Asegura que la Intervención de la Junta no le envió ningún informe en la época en la que él era consejero de Economía porque sólo los envían a las consejerías de las que sale alguna propuesta de actuación, lo que no fue el caso de la que él dirigió desde 2004 hasta 2009.

Griñán ha insistido en su inocencia y en que no ha cometido ninguna irregularidad y que, de hecho, tan pronto como tuvo conocimiento de los ERE fraudulentos, cuando ya era presidente de la Junta, ordenó una investigación en todas las consejerías.

Fue la Junta, dijo, la que pidió la imputación de distintos cargos del PSOE.

Fuentes jurídicas presentes la declaración, a la que sólo ha contestado al juez, fiscal y su defensa (no así a la acusación popular), ha sido muy técnica, y en ella Griñán ha recalcado que la gestión de los fondos no correspondía a su consejería, sino a Empleo.

En un momento de su intervención, el ex alto cargo de la Junta ha dicho que dimitió como presidente para no dañar la imagen del Gobierno autonómico, no porque se sintiera responsable de un sistema fraudulento.

En la exposición razonada que Alaya envió al Tribunal Supremo, considera a Griñán uno de los responsables del fraude de los ERE en su doble condición de consejero de Economía y Hacienda (2004 a 2009) y de presidente de la Junta (de 2009 a 2013). Como responsable de los presupuestos, le atribuye el uso de las transferencias de financiación, diseñadas, según la juez, para eludir los controles administrativos. Además, asegura que tuvo que conocer el agujero que había en las cuentas de la Consejería de Empleo porque fue advertido por la Intervención de la Junta.

Griñán presentó en el Supremo un informe pericial de dos catedráticos que rebaten la tesis de Alaya porque, en contra del criterio de los técnicos de la Inspección General del Estado, sostienen que el instrumento de transferencias de financiación es lícito.

La exposición razonada que Alaya envió al Supremo cuestiona también la acción de Griñán como presidente de la Junta. «No se trata de que los consejeros de Hacienda, Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo, es que participaron la mayor parte de ellos en su instauración y todos ellos en su mantenimiento».

En los próximos días comparecerá también otro expresidente andaluz, Manuel Chaves, y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, todos como imputados.

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