El exconsejero Viera descarga en sus subordinados la gestión de los ERE fraudulentos

El exconsejero de Empleode la Junta de Andalucía José Antonio Viera ha descargado toda la responsabilidad de los ERE fraudulentos en sus subordinados. Durante su declaración ante el juez que instruye esta causa en el Tribunal Supremo, Alberto Jorge Barreiro, Viera ha negado haber participado en la creación de una «estructura fraudulenta» para obviar los controles de las subvenciones y ha señalado que él se limitaba a firmar los papeles que sus subordinados le ponían delante. No ha apuntado así, en ningún momento, hacia la cúpula de la Junta.

Viera, el primero de los cinco aforados nacionales que ha declarado en el Supremo, llegó a la sede del Alto Tribunal a las diez menos cuarto de la mañana en taxi y sin hacer declaraciones.

Durante casi tres horas el exsecretario general del PSOE andaluz ha respondido a las preguntas del instructor, Alberto Jorge Barreiro, de los fiscales Fernando Prieto y Rafael Escobar, pero se ha negado a hacerlo a las de la acusación popular, que coordina Manos Limpias. Tampoco ha querido hablar con los medios a su salida del asalto Tribunal, a las dos y media de la tarde.

Según ha manifestado el letrado de esta acusación, Pedro Muñoz, el juez ha comunicado a Viera su imputación por los delitos de prevaricación y malversación, si bien ahora, a la vista de lo declarado, el Tribunal Supremo tendrá que pedir al Congreso el suplicatoriopara poder acusarle, en su caso, formalmente.

La investigación judicial atribuye a Viera un papel fundamental en la creación del sistema que dio lugar a los ERE fraudulentos, aunque el exconsejero lo ha negado. También se le imputa haber puesto en marcha las transferencias de financiación para eludir los controles administrativos, lo que consagró con la firma de un convenio en 2001 para derivar fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

Creado este «procedimiento específico» que, según la juez Mercedes Alaya, conocían buena parte de la cúpula de la Junta de Andalucía, Viera utilizó el fondo «con gran discrecionalidad, disponiendo él y los que le siguieron de los fondos públicos en beneficio de terceros, de forma absolutamente libérrima». Durante los cuatro años de Viera, las ayudas concedidas «al margen del procedimiento legal», ascendieron a 311,4 millones de euros. Durante su declaración, Viera ha descargado en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero la gestión de los fondos que fueron a parar «de forma discrecional» -según los informes policiales- a terceros que Viera y su entorno escogieron.

Buena parte del interrogatorio ha girado en torno a la sospechosa concentración de ayudas a empresas de la comarca de la Sierra Norte. En uno de sus últimos atestados, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalaba que el exconsejero «pudo haber facilitado la concentración» de ayudas en esta comarca «con objeto de allegar fondos a determinados beneficiarios con los que mantenía relaciones, especialmente afinidades políticas».

De esta forma, Viera, presuntamente favoreció «de manera desmesurada a personas de su entorno» vinculadas con esa comarca, que obtuvieron más de 56 millones de euros.

El próximo en declarar será el expresidente de la Junta José Antonio Griñán. Lo hará este jueves, el mismo día en el que se constituye el Parlamento andaluz, en el que dos fuerzas decisivas, Podemos y Ciudadanos, ya han avisado a Susana Díaz de que no se sentarán a hablar mientras Griñán y Chaves sigan siendo parlamentarios. Precisamente Chaves está citado para el martes 14; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, para el jueves 16 y, por último, la también exconsejera Mar Moreno para el día 21.