Urdangarín urdió una trama para acceder sin control a fondos de las Administraciones

La Infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarín, recibieron ayer martes la noticia los escritos de calificación de las partes personadas en el «caso Nóos» en Ginebra (Suiza). Allí viven desde hace más de un año cuando, en pleno estallido del escándalo, decidieron cambiar su residencia y poner a la venta el palacete de Pedralbes.

Urdangarín, fotografiado cuando entraba en su domicilio con una bicicleta y abrigado con un gorro y guantes, es el principal señalado por la trama investigada por el juez José Castro. La Fiscalía pide para el Duque de Palma 19 años y medio de cárcel, tres más que para su exsocio, Diego Torres, y una multa de 3,5 millones de euros.

Anticorrupción le acusa de urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma «directa e inmediata» a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Urdangarín y su exsocio fueron, según Horrach, «ideadores, ejecutores y beneficiarios de una estructura artificial» de desvío de fondos públicos, en la que el Duque de Palma era «el gancho ideal para obtener clientes y aumentar notoriamente los honorarios». «La presencia de Urdangarín era, pues, decisiva».

Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, solicitó 26,5 años para Urdangarín por malversación, estafa, falsedad, fraude, los dos delitos fiscales y blanqueo. Mario Pascual Vives, el abogado de Urdangarín, lamentó que la petición del fiscal y de la acusación fueran tan altas: «¿Parece que fuera un delito de sangre, no? ¿cómo si fuera un asesinato, no?».

En Ginebra también se encontraba ayer la Infanta Cristina, para quien el fiscal Pedro Horrach pidió su exoneración. En un anexo del escrito de acusación, señaló que al mantener la imputación de la Infanta como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido, la Audiencia de Palma sitúa a Doña Cristina en una posición de indefensión basada en «una sospecha». Manos Limpias, por su parte, reclamó ocho años de prisión y multas que suman dos millones de euros por dos delitos fiscales.

Miquel Roca, abogado de Doña Cristina, se mostró confiado en que la aplicación de la doctrina Botín evitará que la Infanta se siente en el banquillo. La Casa del Rey, reiteró la misma posición que ha mantenido en los últimos meses volvió a expresar su respeto a la independencia del poder judicial. «Respeto a las decisiones del poder judicial», fue el escueto comentario que un portavoz de la Casa del Rey hizo desde Veracruz (México), donde el Rey participa en la XXIV Cumbre Iberoamericana.