El presidente de la Diputación provincial de León, Marcos Martínez, sale de la sede institucional que ocupa desde hace solo unos meses, tras el asesinato de Isabel Carrasco
El presidente de la Diputación provincial de León, Marcos Martínez, sale de la sede institucional que ocupa desde hace solo unos meses, tras el asesinato de Isabel Carrasco - mauricio peña
Editorial abc

Niveles críticos de corrupción

La regeneración moral en España tiene que ser traumática y quirúrgica, y compromete a los dos grandes partidos a asumir sus culpas por una situación insostenible y a pactar un plan ético

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Los niveles de la corrupción que los jueces están sacando a la luz empiezan a ser pandémicos. En este momento, España es un país convulsionado por la corrupción pública. No es solo la consecuencia de las investigaciones judiciales, sino de la percepción ciudadana sobre la honradez, o la falta de ella, de la clase política. Tampoco basta a los ciudadanos con insistir en que lo que importa es la recuperación económica, porque es cierto que no es suficiente. Ayer, el juez Eloy Velasco ordenó una macrooperación contra una nueva red de corrupción cuyas cifras son abrumadoras. Más de cincuenta detenidos; entre ellos, el que fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados; el actual alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, quien sucedió a Tomás Gómez, líder socialista madrileño; y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

259 órdenes de embargo sobre bienes inmuebles de los sospechosos. 400 mandamientos a bancos y aseguradoras para bloquear cuentas, depósitos y pólizas. La investigación de Velasco ha desvelado una trama, calificada por la Policía como asociación ilícita, que operaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, cuya actividad criminal sería el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos. En esta ocasión, el juez ha actuado con celeridad en algo fundamental para combatir eficazmente la corrupción, el embargo de bienes de los sospechosos, que de esta manera no pueden colocarse al margen del juzgado y quedan atados a las responsabilidades patrimoniales que se puedan declarar en una futura sentencia. De ahora en adelante se sucederán nuevas actuaciones judiciales que pudieran desembocar en más implicados. Empezará así otra fuente de convulsión y hartazgo para la opinión pública española.

La suspensión inmediata de militancia de los implicados, la petición de disculpas a la ciudadanía y la expresión del sentimiento de vergüenza son, en este caso, una buena reacción al nuevo shock. Pero aún no es sufiente. No cabe duda de que los corruptos son una minoría, pero cada vez es menos minoría dentro de la clase política. Hay que abordar este problema abandonando los discursos tópicos y estériles que solo consiguen crispar más a la gente, a la que cada noticia de nuevas corrupciones invita a sumarse al populismo demagógico de algunos grupos políticos. La regeneración ética en España tiene ya que ser traumática y quirúrgica y compromete a los dos grandes partidos: primero, a asumir sus culpas por incorporar a sus filas a tanto sinvergüenza; y segundo, a pactar un plan ético para España. El PSOE se ha descolgado con una renuncia al consenso con el PP, acreditando de nuevo el oportunismo de Sánchez ante una encrucijada que también implica a su partido. Tienen que actuar porque esta situación no es sostenible.