Tres adjudicaciones millonarias a una empresa, centro de la trama

«Cofely ha resultado adjudicataria del contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales (edificios, alumbrado público y semáforos) del Ayuntamiento de Parla. Este contrato, con una duración superior a 15 años y una cifra de negocios global de 54,7 millones de euros, tiene previsto conseguir unos ahorros energéticos cercanos al 40% en el alumbrado público y de más del 6% en el consumo eléctrico de los edificios, lo que supone la disminución de casi 1.000 toneladas anuales de CO2».

Esta información, vendida como un logro, figura en la web de la empresa Cofely, filial de la multinacional GDF Suez, y fue seguida con lupa por los investigadores de la trama de corrupción municipal y regional desmantelada ayer. La sede en Madrid de Cofely, dedicada a la gestión energética y medioambiental, fue registrada por la Guardia Civil, que detuvo a tres de sus directivos.

El contrato de Parla, adjudicado el pasado 4 de julio y que ha provocado la detención de su alcalde socialista, José María Fraile, es un prototipo de cómo funciona la trama. Esta compañía fue la adjudicataria en los últimos meses de tres contratos millonarios con ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como recoge su web.

«Los servicios que prestará Cofely -continúa la nota de prensa- engloban la gestión del suministro de la energía primaria (gasóleo, gas natural y electricidad) y el mantenimiento con Garantía Total de las instalaciones térmicas, eléctricas, semafóricas, de iluminación de los edificios municipales y del alumbrado público. Son objeto del contrato, un total de 92 edificios, 154 centros de mando y 10.348 puntos de luz del alumbrado público, así como 51 cruces semafóricos». Las cifras evidencian el tipo de ambiciosas concesiones que estaban en juego, obviando claro está que mediaran comisiones a cambio.

Antes de Parla, ya había pasado por caja el Ayuntamiento de Valdemoro, y su alcalde del PP, que adjudicó a la misma empresa la concesión del alumbrado público por un periodo de 25 años, justificando la elección de dicha compañía en sus servicios para reducir la contaminación lumínica. Tanto se redujo dicha contaminación que se produjeron quejas de numerosos vecinos parapetados con cascos-linterna. «La gente mayor no ve meter la llave en la puerta», señalan las fuentes consultadas.

Amigos íntimos

La elección de esta empresa en los contratos públicos (hay otras implicadas) de servicios se produce de la mano de los «conseguidores» de la trama: los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca. El primero es amigo de la infancia de Francisco Granados, de quien siempre ha ido de la mano, y que ya estuvo en el punto de mira de la Justicia por ser adjudicatario de un terreno municipal. «Medio Valdemoro es suyo», sostienen en la calle, entre ellos varios establecimientos de ocio y restauración. «A nadie le sorprendía verlo en su Mercedes de lujo con chófer».

Los dos empresarios fueron detenidos ayer. Formaban parte de los 51 objetivos marcados en las órdenes de detención e imputación acordadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que dirige la operación Púnica contra una trama de corrupción política con cargos municipales y regionales. La mayoría de esos arrestos e imputaciones, llevados a cabo en Madrid, Valencia, Murcia y León, se habían llevado a cabo al cierre de esta edición. Los detenidos en Madrid fueron trasladados a los 32 calabozos repartidos entre la Comandancia de Tres Cantos y el cuartel de Las Rozas, adonde fue conducido el exconsejero de Justicia e Interior, Francisco Granados.

La operación comenzó con el registro del Ayuntamiento de Valdemoro, donde Granados fue alcalde, localidad en la que fueron detenidos además del primer edil, José Carlos Boza, el concejal de Hacienda, Javier Hernández y el arquitecto municipal. Un agente de la Guardia Civil ha sido imputado por alertar a su amigo Granados de que había una operación policial en marcha contra él.

El epicentro de la trama, un caso de corrupción en el que participaron políticos que veían cercana su «jubilación» y empresarios que pagaban a cambio de contratos públicos, lo constituían los dos «conseguidores» citados, según fuentes jurídicas. Hay varias empresas investigadas, algunas dedicadas al sector inmobiliario.

En la operación, que comenzó en enero y se judicializó en junio, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO han sido claves las intervenciones telefónicas y el rastreo societario. La Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE) también han participado en las pesquisas. Junto a detenciones e imputaciones, se ha ordenado el bloqueo de decenas de cuentas bancarias (400 mandamientos a bancos y aseguradoras); el embargo de 30 coches de lujo y se han librado 259 mandamientos a registros de la propiedad.