Trabajadores y pensionistas perderán poder adquisitivo este año

El Gobierno prevé que la subida de los precios esté en el entorno del 2%, más de lo estimado hace meses, por el encarecimiento del barril de petróleo

Javier Tahiri

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El nuevo horizonte que dibujó la semana pasada el Gobierno para la economía española incluye que los precios escalarán cotas más altas de lo estimado, una evolución que no igualarán salarios y pensiones. Ello redundará en que este año y el próximo, jubilados y trabajadores perderán poder adquisitivo a tenor del programa presupuestario que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas. El plan, que toma de referencia que los Presupuestos se prorrogarán, incluye una fuerte corrección al alza de la previsión de incremento de los precios. La estimación del deflactor del consumo privado, que mide la evolución de los precios del consumo de empresas y hogares, pasa de ser del 1,5% pronosticado hace meses al 2% este año, medio punto más. Ello indica que la inflación de 2017 cerrará cercana a estos niveles.

Para 2018, el Gobierno augura un 1,6% de repunte. A diferencia del Índice de Precios al Consumo (IPC), que mide la evolución de precios de la cesta de bienes y servicios con mayor importancia para las familias, el deflactor del consumo privado coge más referencias e incluye a empresas. Como fuere, el indicador es similar en los últimos años al IPC. El mismo arrancó 2017 en cotas del 3% para después moderarse poco a poco.

La razón de este empeoramiento del escenario recae en que el petróleo está más caro de lo que pronosticaba el Ejecutivo en julio. Entonces, cuando presentó su último cuadro macroeconómico, auguraba que el barril de Brent estaría este año en una media de 52,2 dólares, un precio que revisó hace una semana a 52,8. Precisamente, este es el valor medio del barril en lo que va de año. Para el próximo año también subió su pronóstico, de 53,2 dólares a 54,8 dólares.

El crudo se aprecia un 25% en cuatro meses

Estas décimas de referencia entre una estimación y otra son capitales para la economía española, que compra del exterior un 99% del crudo que consume. El aumento del crudo ha ido de la mano al de la inflación: en septiembre el IPC escaló al 1,8% frente al 1,6% en el que estaba en agosto. Cuando el Gobierno entregó sus anteriores previsiones a principios de julio, el precio del barril oscilaba los 45 dólares. Ahora está en los 57: en los últimos cuatro meses, se ha apreciado un 25% por el mayor consumo ante la llegada del invierno y por las tensiones geopolíticas entre Arabia Saudí y Qatar , y las hostilidades entre EE.UU. e Irán .

Ello ha enturbiado las estimaciones del Ejecutivo, que contempla que los trabajadores tendrán un aumento de sus salarios menor al 2% este año. En el programa presupuestario, la remuneración por asalariado crece a un ritmo más bajo tanto en 2017 como en 2018: un magro 1,1% ambos años. Si la inflación de este año acaba en el entorno del 2%, como sugiere el Gobierno, los trabajadores habrán perdido poder adquisitivo.

La falta de una recomendación salarial para que empresas y trabajadores negociaran los convenios de este año no ha impedido que esas negociaciones avancen. Hasta septiembre la subida salarial pactada ha sido del 1,4%, según los datos del Ministerio de Empleo. Esta variación de los sueldos se sitúa muy en línea con las directrices marcadas para 2016 en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, que fue suscrito entre los interlocutores sociales. El pacto planteaba subidas salariales de hasta el 1,5%. Los funcionarios vieron crecer sus nóminas un 1% este año, por lo que tampoco iguala el entorno al que suben los precios.

Moderación salarial

«La remuneración por asalariado es menor por dos factores: por el efecto composición, ante el aumento del trabajo temporal, con menores retribuciones; y porque la inflación ha comenzado a despertar», explica Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, organismo que prevé que la inflación de 2017 sea del 1,9%.

Un porcentaje que no igualarán las prestaciones de los jubilados. Los más de 8,5 millones de pensionistas que hay en España han tenido una subida del 0,25% desde el pasado enero. El alza es el mínimo que fija la Ley de pensiones para época del crisis del sistema y ha sido aplicada por cuarto año consecutivo. 2015 fue el primer ejercicio en el que se puso en marcha el nuevo Índice de Revalorización, un complejo indicador que tiene en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas), el número de pensiones, los ingresos y el gasto.

Ya en 2014 por decisión del Gobierno las pensiones dejaron de actualizarse con el IPC, tal y como ocurría desde comienzos de los años noventa en España y también ese año las jubilaciones subieron un 0,25%. En ejercicios anteriores, la inflación interanual noviembre-noviembre servía para ajustar el alza aplicada cada año en enero de cada ejercicio con el fin de que los pensionistas no perdieran poder adquisitivo, como va a ocurrir este año.

Evitar que los pensionistas pierdan poder adquisitivo se convirtió en uno de los principales objetivos de la comisión del Pacto de Toledo que comenzó sus trabajos a finales de 2016. La crisis política impactó de lleno en la comisión del Congreso y no ha sido posible llegar a algún entendimiento que permita reformar el sistema.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez se comprometió incluso a esperar las recomendaciones del Pacto de Toledo antes de decidir ninguna subida para 2008, pero la ausencia de dichas recomendaciones ha llevado a que el Ejecutivo prepare un nuevo incremento del 0,25%, tal y como avanzó ABC.

Entre 2014 y 2016, pese a la moderación salarial, trabajadores y pensionistas ganaron poder adquisitivo porque la inflación buceó en negativo ante el abaratamiento del petróleo. Un fenómeno positivo para los hogares que ya ha quedado atrás.

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